Tras la decisión de la justicia de derogar el decreto 462 que modificaba el funcionamiento del INTA, el secretario general de APINTA, Mario Romero, conversó con Canal E y se refirió a la situación del organismo, el rol de la Mesa de Enlace, las acciones legales en curso y el impacto económico en los trabajadores.
“La justicia de San Martín nos dio favorable un fallo de una presentación que hicimos con la Asociación de Trabajadores del Estado en conjunto”, explicó Mario Romero. Y agregó: “El día viernes el Estado Nacional le comunicó a los 286 trabajadores del INTA que estaban en esa lista que se volvía para atrás, que iban a tratar el fallo de la justicia”.
Vuelta atrás en el funcionamiento del organismo para las autoridades
Luego, manifestó que esto implica que “el Consejo Directivo, el Director Nacional y el INTA tienen que volver a la situación del 7 de julio, donde era un ente descentralizado con autarquía, con ese Consejo Directivo de 10 representantes y un Director Nacional”.
Romero advirtió que la parálisis es total: “Hace dos meses que está casi paralizado. Al dejar de ser un ente autárquico pasó a depender del ministerio de Economía y no hay movimiento. Están paralizadas todas las tareas y eso nos preocupa a los trabajadores. Nosotros queremos trabajar”.
Falta de movimiento en el INTA
Sobre los pasos a seguir, dijo: “Nos tomaremos unos días, pero si no hay definición veremos cuáles son los pasos a seguir porque no podemos seguir esperando que esto se defina y que tengamos un organismo sin funcionamiento. En el interior hay lugares donde no tienen para mover los vehículos y se están desalquilando agencias de extensión rural”.
Con respecto a la participación del sector agropecuario, el entrevistado sostuvo: “Creo que tendrían que tomar un rol más activo. Fueron parte de la convicción del INTA durante 69 años. No pueden quedarse a que el Gobierno Nacional los ubique como un consejo técnico sin ningún poder de decisión”.
Por otro lado, aclaró que las disposiciones tomadas bajo el decreto derogado son inválidas: “El análisis es que la mayoría de los decretos posteriores al 462 están tomados en base a él, así que es abstracto, es de nulidad absoluta”.