La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a fallar en contra de la República Argentina en el extenso y millonario litigio por la nacionalización de YPF, ocurrido en 2012. Este martes, Preska rechazó una nueva moción presentada por el Estado argentino, que buscaba limitar el alcance del proceso de discovery la etapa judicial en la que las partes deben entregar información relevante para la ejecución de una sentencia exclusivamente a los activos estatales que sean embargables.
La decisión representa otro golpe para la estrategia legal del país, que enfrenta una condena por 16.100 millones de dólares impuesta en 2023, tras el fallo favorable a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes adquirieron los derechos de litigio del grupo argentino Petersen, antiguo accionista minoritario de YPF.
Argentina había solicitado que el proceso de discovery se limitara a activos que pudieran ser ejecutables, citando jurisprudencia relevante como el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso República Argentina vs. NML Capital, que restringe la búsqueda de bienes a aquellos susceptibles de embargo.
Sin embargo, Preska desestimó el planteo y argumentó que ese precedente ya había sido considerado, y que no impedía la investigación sobre activos extraterritoriales del Estado argentino.
En su resolución, la jueza sostuvo que las mociones de reconsideración “generalmente se deniegan, salvo que la parte solicitante pueda mostrar decisiones o datos que el tribunal haya pasado por alto y que podrían cambiar la conclusión alcanzada”.
En este caso, consideró que Argentina simplemente intentaba “relitigar” una cuestión ya resuelta, sin aportar nuevos elementos que justificaran una revisión. Con este fallo, Preska habilita a los demandantes a continuar con la recolección de información sobre activos estatales, incluyendo cuentas bancarias, propiedades y bienes en el exterior, que podrían ser utilizados para ejecutar la sentencia.
Activos
Esto incluye incluso activos que no estén protegidos por la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA), siempre que no sean considerados diplomáticos o esenciales para funciones gubernamentales. La semana pasada, la misma jueza ya había rechazado otra moción de Argentina que buscaba impedir el acceso a dispositivos electrónicos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios involucrados en el caso, como Sergio Massa y Luis Caputo.
La Procuración del Tesoro calificó ambas resoluciones como “equivocadas” y anunció que se están evaluando las vías procesales adecuadas para su impugnación, como parte de la estrategia general de defensa del Estado argentino. El litigio por la nacionalización de YPF lleva más de una década en tribunales estadounidenses.
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