La dirigente Verónica Pedersen evaluó la medida judicial que ordena implementar partidas salariales y de becas, pero señaló que la disputa con el gobierno nacional persiste y el financiamiento a la investigación queda excluido.
En declaraciones a CIUDAD TV, la secretaria adjunta del sindicato de docentes universitarios, Verónica Pedersen, analizó el fallo que ordenó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La dirigente advirtió que, si bien la medida representa un alivio parcial, el conflicto entre las universidades públicas y el gobierno nacional está lejos de resolverse. «Sabemos perfectamente que hay que seguir peleándola», afirmó.
El fallo fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto con las distintas universidades del país. Pedersen aclaró que la acción de amparo abarcó únicamente dos artículos de la norma: los que garantizan el salario docente y no docente y las becas estudiantiles. El financiamiento a proyectos de investigación quedó excluido de esta instancia. «Esto es algo provisorio», reconoció, y anticipó que el Estado ya anunció que apelará la resolución.
La dirigente describió una situación salarial crítica que, según su relato, empuja a los docentes universitarios al pluriempleo y al éxodo. «Tenemos sueldos docentes de lamentablemente 250 mil pesos y la verdad es que trabajar en el ámbito universitario es muy demandante. 250 mil pesos no representan absolutamente nada, no se puede hacer absolutamente nada con esa cifra», señaló.
Esa precarización, sostuvo, tiene consecuencias directas sobre la calidad educativa: se suspenden inscripciones, se cierran carreras y se reduce la oferta áulica en distintas universidades del país. Para la Universidad Nacional del Nordeste, de carácter regional, el panorama no difiere del resto. Pedersen subrayó que muchos estudiantes no logran sostener su trayectoria académica porque deben salir a trabajar y las becas disponibles resultan insuficientes frente a las necesidades actuales.
A eso se suma el impacto sobre el sistema científico-tecnológico, estrechamente vinculado a las universidades: «No podemos pensar la universidad sin el sistema científico tecnológico y viceversa», afirmó.
De cara a 2026, Pedersen fue categórica: «Es un año muy crítico porque no hay un proceso de diálogo por parte del gobierno nacional, no hay una apertura para poder ponernos de acuerdo sobre qué condiciones mínimas podemos negociar para seguir sosteniendo la vida institucional de las universidades públicas».
Frente a eso, CODIUNNE mantiene su posición: la Ley de Administración Financiera no está por encima de la Ley de Financiamiento Universitario. «No es la Constitución, no es algo que esté por encima de nuestra ley», remarcó, y cerró con una promesa de continuidad en la lucha: «Vamos a seguir indefectiblemente peleando porque esta ley se implemente.»