Un reporte de Oxfam Internacional señala que, pese a los avances en transparencia fiscal, el volumen de activos en paraísos fiscales se mantiene en niveles elevados, con implicancias para la recaudación global.
Diez años después de la filtración conocida como los Panama Papers, un informe de la organización no gubernamental Oxfam Internacional indica que la riqueza mantenida en paraísos fiscales por parte de las personas más acaudaladas continúa en volúmenes significativos. El reporte, divulgado recientemente, analiza la evolución de este fenómeno y su impacto en la recaudación fiscal a nivel mundial.
Los Panama Papers, revelados en 2016, expusieron los mecanismos utilizados por individuos y empresas para ocultar activos a través del extinto bufete panameño Mossack Fonseca. Según Oxfam, la riqueza offshore total ha aumentado desde entonces, estimándose en unos 13,25 billones de dólares en 2023, equivalente a aproximadamente el 12,48% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
El análisis destaca que, si bien la implementación del sistema de Intercambio Automático de Información (AEOI) a partir de 2016-2017 contribuyó a una reducción inicial de la riqueza no declarada, esta tendencia se desaceleró después de 2018. Actualmente, la organización estima que la riqueza offshore no gravada se sitúa entre el 2% y el 4% del PIB global.
Oxfam calcula que en 2024 la riqueza oculta en paraísos fiscales, en cuentas no declaradas, alcanzaría los 3,55 billones de dólares. De este monto, aproximadamente el 80% (unos 2,84 billones) estaría en manos del 0,1% más rico de la población mundial.
El reporte también aborda los esfuerzos internacionales en materia de cooperación fiscal. En noviembre de 2024, los Estados miembros de la ONU aprobaron los términos de referencia para una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional, cuyas negociaciones formales comenzaron en 2025 y se extenderían hasta 2027. No obstante, Oxfam señala que muchos países de ingresos bajos y medios-bajos, severamente afectados por la evasión fiscal, siguen excluidos de mecanismos como el AEOI.
Entre las propuestas presentadas por la ONG para abordar esta situación se incluyen: reforzar los principios de equidad e inclusividad en las negociaciones de la convención de la ONU, fortalecer las capacidades de las autoridades fiscales y los mecanismos de transparencia, garantizar que el 1% más rico pague tipos impositivos efectivos más altos, e introducir impuestos dirigidos específicamente a las grandes fortunas.
El informe concluye que la persistencia de altos niveles de riqueza no gravada en jurisdicciones offshore tiene consecuencias en la capacidad de los estados para financiar servicios públicos y puede contribuir a ampliar las brechas de desigualdad.