Una diputada nacional presentó una denuncia para investigar posibles irregularidades en préstamos del Banco Nación otorgados a legisladores y funcionarios. Los beneficiarios defienden la legalidad de las operaciones.
La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) presentó una denuncia penal solicitando que se investigue si existieron irregularidades o delitos, como tráfico de influencias o administración fraudulenta, en el otorgamiento de préstamos hipotecarios del Banco Nación a legisladores, funcionarios y personas vinculadas al gobierno nacional.
En su escrito, la legisladora señaló que los montos recibidos por estos funcionarios no se corresponderían con sus ingresos declarados ni con su capacidad de pago, según la normativa del Banco Central que exige evaluar la ‘capacidad de repago’. Frade pidió que se revisen los legajos crediticios, las actas de aprobación y que peritos determinen si hubo condiciones irregulares.
La información sobre los créditos surge del sitio web ‘¿Cuánto deben?’, que utiliza datos de la Central de Deudores del BCRA. Entre los beneficiarios mencionados se encuentran los diputados Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde, Santiago Santurio, Mariano Campero, y funcionarios como Felipe Núñez, Federico Furiase y Juan Pablo Carreira.
Al conocerse la información, algunos de los nombrados se defendieron públicamente. El diputado Alejandro Bongiovanni aseguró en la red social X que recibió el crédito ‘en las mismas condiciones que el resto de los clientes del banco’ y descartó cualquier vinculación con su cambio de bancada política, atribuyendo las acusaciones a una ‘intencionalidad política’. Por su parte, el diputado Mariano Campero calificó la acusación como ‘maliciosa’, aclarando que el préstamo fue para comprar su primera vivienda bajo las condiciones generales de los créditos UVA.
La denuncia judicial se suma a un pedido de informes parlamentario previo, manteniendo el tema bajo escrutinio.