Un querellante solicitó a la Justicia Federal que declare como indagados al presidente Javier Milei y a otras 15 personas por su presunta vinculación con el lanzamiento y posterior vaciamiento del token $Libra, que habría afectado a miles de ahorristas.
El abogado querellante Martín Romeo, con el patrocinio de Nicolás Oszust, presentó esta semana ante la Justicia Federal un pedido de declaración indagatoria contra el presidente Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y otros 14 implicados. La causa, conocida como «$Libra», investiga los delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos.
La presentación judicial sostiene que se utilizó el aparato estatal y la figura presidencial para otorgar una falsa legitimidad a un criptoactivo que finalmente fue vaciado el 14 de febrero de 2025, según la denuncia, damnificando a ahorristas por una suma superior a los 44.5 millones de dólares.
Según el escrito judicial, la maniobra se habría gestado entre 2018 y 2024 a partir de una red de intermediación financiera. La querella destaca la firma de un contrato, el «Kelsier Group LATAM Agreement», el 16 de octubre de 2024, que, según la acusación, aseguraba a financistas extranjeros acceso exclusivo al Presidente y la potestad de redactar marcos regulatorios para criptoactivos en Argentina.
El expediente CFP 000772/2025 señala a Sergio Morales como el asesor que habría actuado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) para dar cobertura legal al esquema. También se menciona al entonces vocero presidencial Manuel Adorni por participar en eventos de la organización, y a otras figuras como articuladores locales y operadores internacionales.
Como prueba, la querella cita un tuit del presidente Milei del 14 de febrero de 2025, donde publicó el contrato inteligente de la criptomoneda. Según un peritaje de la UFECI, este mensaje habría funcionado como la señal para que minutos después se iniciara el drenaje de liquidez.
El expediente también incorpora análisis de movimientos financieros que, de acuerdo con la presentación, incluirían transferencias en criptomonedas a billeteras vinculadas a los acusados y una compleja red de lavado de activos.
La querella concluye que se trata de un concurso real de delitos, donde la asociación ilícita se independiza de la estafa y el posterior lavado de activos.