Representantes del Ministerio Público Fiscal cuestionaron la decisión de un juez federal que sobreseyó a ocho personas, entre ellas la viuda y el hijo de Pablo Escobar y el exfutbolista ‘Chicho’ Serna, por considerar la resolución «arbitraria» y con un estándar probatorio incompatible con la etapa de instrucción.
Los fiscales federales Franco Picardi, Diego Iglesias y Diego Velasco, de la Fiscalía Federal N°5, la PROCUNAR y la PROCELAC, respectivamente, apelaron la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sobreseyó a ocho personas investigadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En su resolución del 26 de marzo pasado, el titular del Juzgado Federal N°8 dispuso el sobreseimiento del abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet, su esposa María de los Ángeles Verta, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos —viuda e hijo del fallecido líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria—, el exfutbolista de Boca Juniors Mauricio Alberto «Chicho» Serna Valencia, la contadora María Gabriela Sánchez y los empresarios Antonio Pedro Ruíz y Esteban Adrián Delrío.
Los fiscales sostuvieron que el fallo resulta «arbitrario» y que implicó un apartamiento de las reglas de valoración de la prueba, al exigir un estándar de certeza incompatible con la etapa procesal.
Según la investigación, los imputados habrían intervenido en maniobras destinadas a introducir en el sistema financiero argentino fondos de origen ilícito vinculados a actividades narcocriminales del ciudadano colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, asociado al cartel de Cali. Se detectó el ingreso de más de tres millones de dólares a través de distintas operatorias y estructuras societarias.
Los representantes del MPF destacaron en su apelación que Piedrahita Ceballos —ya condenado en Estados Unidos y Colombia— se mantiene «impune de momento solo en nuestro país», luego de que el juez anulara su declaración y acuerdo de juicio abreviado de 2019.
La investigación comenzó a raíz de una nota de la DEA de Estados Unidos, que daba cuenta de vínculos sospechosos de Piedrahita Ceballos con personas físicas y jurídicas en Argentina. Se les imputó a algunos de los sobreseidos la integración de una asociación criminal internacional que operó en el territorio argentino desde al menos 2008 hasta 2017, dedicada a blanquear fondos del narcotráfico.
Según los fiscales, se habrían introducido al sistema financiero argentino montos que alcanzaron los 3.081.164 dólares y 1.713.035,15 pesos. Corvo Dolcet habría sido «testaferro» de Piedrahita Ceballos, administrando fondos en emprendimientos inmobiliarios en Pilar, provincia de Buenos Aires.
En cuanto a la viuda y el hijo de Pablo Escobar, se les atribuye el «aporte esencial» de haber presentado en 2007 a Piedrahita Ceballos con Corvo Dolcet, recibiendo a cambio una suma que alcanzó al menos el 4.5% de la inversión total.