El senador nacional Jorge Capitanich presentó una cuestión de privilegio y un proyecto de ley que propone cambiar la metodología de medición de la pobreza en Argentina, argumentando inconsistencias en los registros actuales.
El senador nacional por Chaco, Jorge Capitanich, presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei durante la sesión del 9 de abril en el Senado, centrada en los indicadores de medición de la pobreza. En su intervención, cuestionó las afirmaciones sobre una reducción de 13 millones de personas en situación de pobreza y anunció la presentación de un proyecto de ley para implementar una medición multidimensional.
Capitanich argumentó que, debido a la volatilidad macroeconómica histórica y la elevada inflación, el nivel de ingresos no puede ser el único parámetro para medir la pobreza. Señaló inconsistencias en los registros administrativos, diferencias metodológicas en la Encuesta Permanente de Hogares y asimetrías en la composición de la canasta de bienes y servicios, cuyos incrementos afectarían la precisión de las mediciones.
«Las asimetrías entre registros administrativos y mediciones de encuestas, la estimación de gasto de hogares en distintos períodos y los cambios en los registros generan problemas de distorsión en el empalme de las series. Entonces, decir que Argentina bajó 13 millones de pobres es una falta de respeto a la gente», afirmó el senador.
Además, mencionó el impacto del aumento en el precio del transporte público, la eliminación de subsidios y las subas en servicios públicos y telefonía celular como factores que afectan la situación económica de las familias y que, según su visión, no son ponderados adecuadamente.
Proyecto de ley para una medición multidimensional
Capitanich sostuvo que la pobreza por ingresos no refleja la realidad efectiva de las familias y propuso una medición que abarque varios componentes. El primero es la infraestructura social básica, que incluye vivienda sin hacinamiento, pavimento, acceso a salud, educación, agua potable, cloacas y energía eléctrica. Destacó una brecha de inversión en infraestructura con América Latina, estimando una necesidad de 250.000 millones de dólares para mejorar esta área.
El segundo componente es el acceso a derechos y la calidad en su ejercicio, particularmente en salud y educación. El tercero se refiere a la pobreza por ingresos, requiriendo una adecuada ponderación de bienes y servicios y una actualización de los sistemas de medición.
El proyecto de ley propone que la metodología utilizada por el INDEC no esté sujeta a cambios por inestabilidad institucional o alternancia política. Para ello, plantea que los sistemas de medición sean aprobados por ley del Congreso y que los responsables sean designados con acuerdo del Senado.
Finalmente, Capitanich analizó el impacto de la caída de recursos provinciales, estimada en aproximadamente un billón de pesos en el primer trimestre del año, y advirtió sobre los efectos de las medidas presupuestarias y de modernización del Estado en las economías regionales.