Este martes comienza una segunda instancia judicial para determinar las responsabilidades en el fallecimiento del astro del fútbol, con siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual.
Este martes dará inicio el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, en un contexto de expectativa judicial y atención pública. Luego de la nulidad del primer debate, todo lo actuado anteriormente quedó sin efecto, por lo que esta nueva instancia comenzará desde cero, tanto en testimonios como en presentación de pruebas.
El juicio se desarrollará en los tribunales de San Isidro, específicamente en la sala principal del primer piso. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, estará a cargo de conducir un proceso que tendrá como imputados a siete profesionales de la salud acusados de «homicidio simple con dolo eventual», delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Entre los acusados se encuentran el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y otros integrantes del equipo que estuvo a cargo de la atención del ex futbolista. Todos llegan en libertad al juicio, mientras que la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un proceso aparte bajo la modalidad de juicio por jurados, aún sin fecha definida. La acusación sostiene que «el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario».
Las audiencias se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, en jornadas que se extenderán desde las 10 hasta las 17. De una lista inicial que superaba los 200 testigos, finalmente se acordó la declaración de 92 personas, entre familiares, profesionales médicos, efectivos policiales y allegados al entorno del «Diez». Este volumen de testimonios refleja la complejidad del caso.
Uno de los puntos centrales es la anulación total del juicio anterior, que se llevó adelante en el TOC N° 3. Tras más de 20 audiencias y 44 testigos, el proceso fue invalidado luego de que se descubriera que la jueza Julieta Makintach permitió la grabación de un documental sin consentimiento de las partes. Este hecho derivó en su destitución y en la necesidad de reiniciar todo el procedimiento.
La consecuencia directa de esa nulidad es que ningún testimonio previo tendrá valor en esta instancia. Los declarantes deberán volver a presentarse y no podrán ser confrontados con lo que dijeron anteriormente. Lo mismo ocurrirá con las pruebas, que deberán ser incorporadas nuevamente. Este escenario abre la puerta a nuevas estrategias tanto de las querellas como de las defensas.