Organizaciones sociales expresan preocupación por el impacto de la reforma en barrios populares, mientras el Gobierno defiende la necesidad de cambios para agilizar la regularización dominial.
Este miércoles, un plenario de comisiones del Senado retomará el debate sobre el proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada» impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa, que modifica una serie de normativas vigentes, incluyendo la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana, genera posiciones encontradas.
Distintas organizaciones no gubernamentales, entre ellas TECHO, Cáritas y el CELS, manifestaron su preocupación. Señalan que el texto, en su versión actual, podría afectar los procesos de regularización y el acceso a servicios básicos para más de un millón de familias que habitan en barrios populares registrados en el Renabap. Advierten específicamente sobre la posible eliminación de la suspensión de desalojos por diez años y de mecanismos de expropiación.
Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió el proyecto ante los senadores. Argumentó que la ley vigente, sancionada en 2018, ha tenido una implementación lenta y resultados limitados en la entrega de títulos de propiedad. La propuesta oficial busca, según sus fundamentos, descentralizar la ejecución y dar un rol preponderante a provincias y municipios para agilizar los trámites.
El debate se centra en el balance entre la protección de los habitantes de barrios populares y la búsqueda de mecanismos más eficientes para la regularización de la tierra. Se espera que durante la jornada se analicen posibles modificaciones al texto original.