Una especialista en derecho penal y niñez detalla los procedimientos legales aplicables a menores involucrados en amenazas de violencia escolar, subrayando la responsabilidad compartida y las posibles consecuencias jurídicas.
Ante los recientes casos de amenazas de violencia difundidas en establecimientos educativos de la provincia, la abogada Celeste Segovia explicó que estas situaciones pueden constituir delitos previstos en el Código Penal, incluso cuando los responsables son menores de edad.
En declaraciones a CIUDAD TV, la especialista señaló que hechos como las amenazas de tiroteo replicadas en escuelas «no son una broma» y pueden encuadrarse como delitos de amenazas o intimidación pública, con penas que llegan hasta los seis años de prisión. «Esto implica que un menor de edad puede ser sometido a proceso penal por este tipo de hechos», afirmó.
Segovia detalló que, ante una amenaza, se deben activar de inmediato los mecanismos institucionales y judiciales, notificando a las autoridades del establecimiento, la policía y la fiscalía, quienes inician una investigación. En este proceso pueden secuestrarse dispositivos utilizados para difundir las amenazas y se convoca a la familia del menor involucrado.
El régimen penal juvenil, que aplica a personas de entre 14 y 18 años, contempla un abordaje diferenciado. Según la gravedad del delito, pueden aplicarse medidas socioeducativas (como trabajos comunitarios) o, en casos más graves con penas superiores a tres años y circunstancias agravantes, la privación de la libertad.
La abogada remarcó que la responsabilidad no recae únicamente en el adolescente. La ley establece que la imputación penal no desplaza la responsabilidad civil de los padres, quienes pueden ser responsables de los costos derivados de la intervención judicial y los operativos preventivos.
Además, Segovia aclaró que la justicia debe investigar cada caso para determinar su gravedad, sin minimizarlo, y que la responsabilidad penal se mantiene incluso cuando las amenazas se realizan en grupo.
Finalmente, la especialista sostuvo que el fenómeno requiere un análisis que trascienda lo penal. «Trasladar toda la responsabilidad a los adolescentes sería injusto», consideró, abogando por un abordaje integral que contemple las causas sociales que afectan a los jóvenes y la responsabilidad compartida entre familia, Estado y comunidad.