El juez federal de Santiago del Estero se declaró incompetente y remitió el expediente por presunto lavado de dinero a la provincia de Buenos Aires, en paralelo a su apartamiento dispuesto por la Cámara de Tucumán.
El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido de detención contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, y se declaró incompetente para intervenir en la causa por presunto lavado de dinero. En la misma resolución, dispuso el envío del expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
La decisión se conoció en paralelo a la resolución de la Cámara Federal de Tucumán, que dispuso su apartamiento del expediente. El fiscal Pedro Simón había recusado a Argibay tras detectar que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024.
El fiscal Simón había solicitado la detención de Tapia, Toviggino y otras 24 personas (26 imputados en total, entre ellos familiares directos del tesorero, como dos hijos, su hermano y su ex mujer) en el marco de una investigación que atribuye la existencia de una asociación ilícita y una maniobra de lavado de dinero iniciada en 2018. Según el dictamen, los fondos bajo sospecha tendrían origen en tres líneas principales: una presunta defraudación en perjuicio de la AFA, la omisión de ingresar impuestos mediante la emisión de facturas consideradas apócrifas y operaciones cambiarias irregulares. El planteo también incluía una reconstrucción de flujos financieros, estructuras societarias y vínculos entre empresas asociadas al entorno de Toviggino.
En una resolución de 39 páginas, Argibay sostuvo que el requerimiento fiscal no cumplía con los estándares mínimos para habilitar una investigación penal. El juez advirtió una ausencia de un hecho concreto y específico que pudiera ser investigado y cuestionó la forma en que fueron presentados los elementos del caso. Según el magistrado, la acusación describía estructuras empresariales y vínculos entre sus integrantes y movimientos de fondos, pero lo hacía de manera “genérica y abierta”, sin delimitar con precisión los contornos de los presuntos delitos. También señaló como un punto central la falta de determinación del delito precedente en la hipótesis de lavado.
El magistrado también sostuvo que el vínculo familiar señalado en la recusación no constituía, por sí solo, causal suficiente para apartarlo. A partir de esa evaluación, Argibay se declaró incompetente y resolvió remitir las actuaciones a la justicia federal de Buenos Aires. En su decisión, indicó que el supuesto perjuicio patrimonial habría tenido como sujeto principal a la AFA, cuyo domicilio legal se encuentra en Pilar, provincia de Buenos Aires. El traslado del expediente lo ubica en la jurisdicción de Campana, donde tramitan otras causas vinculadas a dirigentes de la entidad.
Fuentes de la fiscalía anticiparon que evaluaban apelar la decisión. El expediente, en tanto, queda ahora sujeto a la definición sobre su radicación en la justicia federal de Buenos Aires. En paralelo, Tapia y Toviggino enfrentan otra causa en el fuero Penal Económico por la retención indebida de $19.300 millones en impuestos y aportes que la AFA no pagó en plazo entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese expediente, la Cámara en lo Penal Económico prevé audiencias para analizar un pedido de apartamiento del juez y los procesamientos dictados, en una instancia que puede definir si el caso avanza a juicio oral.