La Sala II de la Cámara Federal porteña dictó el procesamiento de Ricardo Nissen, exresponsable de la IGJ, en una causa vinculada a la empresa Hidden Lake del magnate Joe Lewis. La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico votó en disidencia.
La Sala II de la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, resolvió procesar al extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, en el marco de una causa impulsada por la empresa Hidden Lake, propiedad del inversor británico Joe Lewis. El tercer integrante de la Sala, Roberto Boico, no acompañó la decisión.
De acuerdo con el tribunal de apelaciones de Comodoro Py, Nissen habría promovido acciones con el objetivo de perjudicar a Hidden Lake mientras ejercía como responsable de la IGJ. Irurzun sostuvo que hubo un abuso porque, a su entender, la IGJ pidió la intervención judicial y la nulidad de Hidden Lake en 2022 y 2023 por haber incumplido con una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro de 2005, que ordenaba habilitar el acceso público al Lago Escondido. Para el camarista, la decisión de pedir la intervención judicial partió de una premisa falsa, ya que la sentencia de 2005 no estaba firme ni ordenaba el acceso público al lago. Farah, por su lado, calificó el caso como extraordinario y alejado de la experiencia habitual.
En las resoluciones de la IGJ se puntualizaba que Hidden Lake nunca construyó inmuebles ni llevó adelante un proyecto agropecuario, sino que lo único que hizo fue crear un complejo habitacional de enormes dimensiones para provecho de su dueño. Según la IGJ, la empresa no tenía actividad empresaria, sus gastos se pagaban con sociedades offshore del Caribe no registradas en Argentina, mantenía un ejército privado que impedía el acceso público y utilizaba las instalaciones para reuniones políticas o viajes de funcionarios judiciales.
Nissen, quien fue sobreseído en cuatro ocasiones previas por distintos jueces, enfrenta ahora un procesamiento que podría tener implicancias en el ámbito judicial y político de la región.