Tres adolescentes de 17 años fueron demorados en el Chaco por amenazas de ataques armados contra escuelas, en operativos realizados en General Pinedo y Barranqueras.
Tres adolescentes de 17 años fueron demorados en las últimas horas en el Chaco, en el marco de investigaciones por amenazas de ataques armados contra instituciones educativas. Los procedimientos se realizaron en General Pinedo y Barranqueras, y las causas están caratuladas como “intimidación pública”.
El primer caso ocurrió en General Pinedo, donde este viernes por la mañana la Policía intervino tras la denuncia de autoridades de la Escuela de Educación Secundaria N° 8 “José Manuel Estrada”. La directora alertó sobre la circulación de mensajes en un grupo de WhatsApp que advertían sobre un presunto tiroteo. A partir de las capturas de pantalla difundidas —en las que se veía a dos jóvenes encapuchados junto a frases amenazantes y la imagen de un arma de fuego— los efectivos identificaron a los presuntos autores.
Ambos adolescentes fueron demorados y trasladados a la comisaría local. Por disposición de la Fiscalía N° 3 de Charata y del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 2, se secuestraron los teléfonos celulares de los implicados y se dio intervención al área de Cibercrimen para profundizar la investigación. Los menores permanecieron en la dependencia policial junto a sus tutores.
En paralelo, en Barranqueras, otro adolescente de 17 años fue demorado tras una investigación iniciada a partir de amenazas publicadas en redes sociales. El caso se originó por la denuncia de la directora de la Escuela de Educación Secundaria N° 152, quien detectó un perfil de Instagram desde el cual se anunciaba un posible ataque dentro del establecimiento, con menciones a alumnos y cursos. Luego de tareas de análisis digital, la División Ciberdelitos logró identificar al presunto responsable.
Con orden judicial, se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestró un teléfono celular considerado de interés para la causa. El joven fue puesto a disposición del Juzgado del Menor y la Familia y, tras las diligencias de rigor, se dispuso su entrega a sus padres, previa notificación de su situación legal.