La ministra de Educación, Ana Miño, confirmó que hay cuatro responsables en Capital y dos en el interior. Se aplicarán sanciones graves y no se descarta adaptar las normativas ante un escenario que sorprende.
La ola de pintadas que afectó a diversos establecimientos educativos de la ciudad de Corrientes y el interior de la provincia, manifestada como un reto viral en todo el país la semana pasada, comenzó a arrojar sus primeras certezas, aunque también abrió un debate sobre los límites de la disciplina escolar en la era pospandemia.
En una recorrida por las instituciones involucradas, la ministra de Educación de la Provincia, Ana Miño, confirmó que ya son seis los alumnos identificados como autores materiales de las pintadas que dañaron el patrimonio público escolar y pusieron en alerta a padres, personal policial y la Justicia. El abordaje oficial busca equilibrar la contención pedagógica de los menores y la aplicación de sanciones que dejen un mensaje claro a la sociedad. “Esto no es una broma, esto tiene consecuencias”, sentenció la titular de la cartera educativa durante su visita al colegio nacional General San Martín.
De los seis estudiantes señalados, cuatro pertenecen a instituciones de la capital provincial, mientras que los dos restantes corresponden a escuelas del interior. La identificación fue posible gracias a un trabajo conjunto entre los directivos y el seguimiento de las actuaciones pertinentes.
Respecto de las medidas punitivas, Miño afirmó que las sanciones “van a estar”, aunque reconoció que el sistema atraviesa una zona gris normativa. Actualmente, la figura de la expulsión directa fue desplazada por los Acuerdos Escolares de Convivencia, que priorizan el diálogo y la reinserción. Sin embargo, la ministra dejó la puerta abierta a cambios: “Hoy estamos en un escenario diferente, con situaciones que nos atraviesan y nos sorprenden. Tenemos que adaptar todas esas situaciones”.
Uno de los puntos destacados de la agenda ministerial es la revisión del uso de la tecnología en el aula. Tras una reunión virtual con 482 rectores de toda la provincia, surgió un consenso preliminar: limitar el uso del celular estrictamente a fines pedagógicos. “Queremos que nadie sienta que esto es una imposición. Por eso abrimos un espacio para que todos puedan opinar: rectores, docentes, estudiantes y familias”, explicó Miño.
El Ministerio de Educación recordó que el daño al patrimonio público acarrea consecuencias para los alumnos y responsabilidades civiles y penales para sus tutores legales. La estrategia actual respeta la autonomía de cada institución para decidir en función de su propia realidad, bajo el apoyo del Ministerio.
Miño señaló que Corrientes no es un caso aislado: “Esta discusión se está dando a nivel nacional e inclusive en otros países. Es un debate que tenemos que empezar a dar sobre cuáles tienen que ser las sanciones que se van a aplicar”. Mientras las escuelas afectadas continúan con protocolos de acceso, la mirada queda puesta en los próximos días, cuando los consejos de convivencia de cada colegio determinen el futuro escolar de los seis jóvenes identificados.