La FATAP advierte que la falta de pagos y el aumento del combustible reducen hasta un 40% los servicios y ponen en riesgo el sistema en el interior del país.
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) declaró que el sistema de transporte público del interior del país atraviesa una “emergencia terminal”, con menos colectivos en circulación y una calidad de servicio en deterioro. La entidad lanzó un comunicado este jueves y explicó que la situación responde a un fuerte desfinanciamiento que impide sostener la operatividad normal de las unidades.
Según el comunicado, uno de los factores centrales es el aumento del combustible, que se vende a precio de mercado y representa el 18% de la estructura de costos del servicio. En ese sentido, señalaron que una suba del 25% en el gasoil impacta directamente en la necesidad de incrementar el boleto al menos un 4%, algo que no ha sido acompañado por actualizaciones en las tarifas ni subsidios suficientes.
A esto se suma la deuda del Estado nacional por los llamados “Atributos Sociales”, es decir, los descuentos aplicados a través de la tarjeta SUBE para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. Desde Fatap indicaron que los pagos correspondientes a enero, febrero y marzo aún no fueron saldados, lo que obliga a las empresas a financiar con recursos propios esos beneficios.
Otro punto crítico es la desigualdad en la distribución de subsidios. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires mantiene tarifas subsidiadas con boletos que rondan entre $700 y $800, en el interior el costo real del pasaje superaría los $2.300 para cubrir los gastos operativos.
Este escenario ya tiene consecuencias concretas para los usuarios. Las empresas aplicaron una reducción de frecuencias de hasta el 40% fuera de los horarios pico, además de suspender servicios nocturnos por la imposibilidad de afrontar los costos de combustible. También advirtieron sobre el riesgo en el pago de salarios, lo que podría derivar en medidas de fuerza gremiales.
Ante este panorama, la entidad solicitó al Gobierno nacional la liberación inmediata de los fondos adeudados y la apertura de una mesa de diálogo para garantizar un reparto más equitativo de los recursos. “Sin los fondos que legalmente corresponden, el servicio corre riesgo de desaparecer”, concluyeron. El comunicado lleva la firma de Gustavo Larrea, secretario de la entidad, y José Cano, presidente de la federación.