La Libertad Avanza demorará el tratamiento de la reforma electoral hasta alcanzar acuerdos con la oposición, mientras avanza con proyectos sobre Fondos Buitre, Salud Mental y pliegos judiciales.
La Libertad Avanza frenará el debate en el Senado de la reforma electoral que propone la eliminación de las PASO hasta que alcance un acuerdo con los bloques dialoguistas. En tanto, se abocará ahora al tratamiento de los proyectos sobre los Fondos Buitre y de reformas a la ley de Salud Mental.
La decisión del oficialismo es abrir el tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, cuando hayan alcanzado “consensos mínimos” con los bloques opositores que se oponen a anular las elecciones primarias, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
La UCR, un aliado central porque tiene 10 votos claves, no apoya la eliminación de las PASO. Están de acuerdo en su modificación para que sean optativas en las alianzas o partidos donde hay lista única y que se mantenga el aporte estatal en esos casos. También quieren mantener el aporte estatal y no comparten aumentar hasta el 35% los aportes privados.
Las elecciones primarias, que el radicalismo no aceptó votar en 2009 porque consideró que fue creada para solucionar los problemas internos del kirchnerismo, terminó siendo una herramienta útil para la oposición y en especial en 2023 cuando definió su fórmula presidencial. “Acá mandan los números”, dijo un representante del oficialismo a NA, quien además señaló que los acuerdos que no se hicieron antes de enviar la ley se deberán hacer en el Senado, como sucedió con la reforma laboral y la Ley de Glaciares.
LLA necesita 37 votos en el Senado y 129 en Diputados que solo los puede lograr con los bloques aliados. Por ese motivo, la bancada de LLA que preside Patricia Bullrich demorará por lo menos hasta junio la discusión y buscará en mayo aprobar avanzar con la sanción de los proyectos sobre Fondos Buitres, Salud Mental, Propiedad Privada y la aprobación de casi 90 pliegos de jueces, fiscales y defensores.
También quedarán para más adelante el debate del proyecto de reforma de la Ley de Discapacidad, que genera fuertes resistencias, y la mayoría de los bloques acompañaron el año pasado la iniciativa que luego fue vetada por el Gobierno nacional. Sobre el Proyecto de Propiedad Privada, el oficialismo mantiene conversaciones para introducir cambios sobre los artículos que eliminan los topes para que los extranjeros compren tierras y sobre la ley de barrios populares, donde se concentran las mayores críticas de la oposición.
Por lo pronto, la prioridad de esta semana será emitir dictamen sobre el proyecto que autoriza a pagar USD$171 millones a los fondos Buitre Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Se trata de bonistas que comenzaron sus demandas en 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitres.
La Casa Rosada necesita dar una señal de su predisposición a cancelar la deuda, aunque no cumpla con la fecha tope del 30 de abril, y por eso el oficialismo convocó para este miércoles a firmar el respectivo dictamen al plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto. La intención es poder hacer el 6 de mayo una sesión ordinaria para tratar el pago a los bonistas, el pliego de Carlos Mahiques para que pueda continuar cinco años como juez en la Cámara Federal de Casación Penal, pliegos internacionales y, si hay consenso, el dictamen sobre falsas denuncias.
Paralelamente, este miércoles 29 de abril se realizará la reunión constitutiva de la comisión de Salud, que será presidida por la libertaria Ivana Arrascaeta, y luego junto a Legislación General, que preside Nadia Márquez, debatirá la reforma a la ley de Salud Mental. También el jueves abrirá las Audiencias Públicas donde expondrán los jueces propuestos por el Poder Ejecutivo, aunque los pliegos que generan mayor atención mediática recién se realizarán entre el 7 y el 14 de mayo. Se trata de las postulaciones de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini; y de Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, a cargo del Caso Libra, para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.