El Ministerio de Capital Humano responsabilizó a rectores y gremios por las medidas de fuerza, mientras persiste el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, emitió un comunicado en el que responsabiliza a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a los gremios por los paros que afectan a las universidades nacionales. En el texto, se solicita a las autoridades académicas la presentación de un “plan de contingencia” para garantizar la continuidad de las actividades.
La medida se da en un contexto en el que el Gobierno nacional no ha transferido los fondos correspondientes a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en noviembre de 2024. Dicha norma establece la actualización de salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento y becas, pero el Ejecutivo aún no ha cumplido con su implementación, pese a haberla promulgado.
Paralelamente, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una circular en la que intima a los rectores a cumplir con el dictado de clases, bajo apercibimiento de revisar los recursos destinados al sostenimiento pedagógico. La advertencia se suma a las acciones judiciales emprendidas por el CIN, que obtuvo medidas cautelares favorables en dos instancias, aunque el Gobierno apeló y elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia.
El conflicto, que combina aspectos legislativos, judiciales y sociales, ha derivado en una serie de paros y movilizaciones impulsados por gremios, docentes, no docentes y estudiantes. Según fuentes universitarias, los fondos destinados a las casas de estudio han sufrido un ajuste del 45%, mientras que los salarios acumulan una pérdida del 141% frente a la inflación en los últimos 28 meses, equivalente a siete sueldos no percibidos.
Desde el Gobierno, se argumenta que la negativa a transferir los fondos responde a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. Sin embargo, los rectores y gremios sostienen que la situación afecta gravemente el funcionamiento de las universidades y el poder adquisitivo de los trabajadores.