Un análisis sobre la caída de transferencias, el deterioro salarial docente y el conflicto judicial en torno a la Ley de Financiamiento Universitario.
El recorte presupuestario a las universidades públicas ha sido ratificado judicialmente, pero el Gobierno Nacional insiste en recurrir a la Corte Suprema. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo que obliga a aplicar los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, sancionada por mayoría especial en ambas Cámaras, vetada y luego ratificada. A pesar de ello, el Ejecutivo busca una última instancia judicial.
Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Los salarios docentes perdieron un 32% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, situándose en los niveles más bajos de los últimos 23 años. Las partidas de gastos de funcionamiento se redujeron al 40% de los valores de enero de 2023, equivalentes a casi nueve meses de transferencias perdidas.
El informe del Observatorio de las Elites de CITRA UMET-CONICET, a cargo de Ana Castellani, señala que el ámbito educativo es prioritario para las elites económicas por tres motivos: moldear la formación de recursos humanos según demandas del mercado, acceder a un mercado rentable de servicios educativos privados, y difundir valores empresariales como cosmovisión social para legitimar la mercantilización educativa.
La reducción del Impuesto a los Bienes Personales implicaría dejar de recaudar entre 0,29% y 0,61% del PIB, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario cuesta 0,23% del PIB, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El gobierno justifica los recortes en el equilibrio fiscal, pero los datos muestran una distribución regresiva del ingreso.
Especialistas advierten que, además de la pobreza económica, se profundizan la pobreza de protección (retiro del Estado), de participación (individualismo y fragmentación) y de comprensión (dificultades para construir conocimiento científico sobre la realidad social). El rol de docentes e investigadores sigue siendo central para el pensamiento crítico y la soberanía nacional.