El presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia criticó con dureza la decisión judicial que invalidó el artículo 3 de la Ley 4228-C, y advirtió sobre una supuesta extralimitación de funciones de algunos magistrados.
El presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, José Galassi, cuestionó con dureza a la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial luego de que declarara la inconstitucionalidad del artículo 3 de la nueva ley de honorarios profesionales del Chaco. Según sostuvo, existe una “embestida” de un sector de la magistratura contra la norma sancionada recientemente por la Legislatura provincial.
La polémica se desató luego de que los jueces Fernando Heñin y Diego Derewicki resolvieran que los honorarios de un caso debían regularse bajo la ley anterior, al considerar que aplicar la nueva normativa a procesos en trámite implica una retroactividad que afecta derechos adquiridos y vulnera garantías constitucionales vinculadas al derecho de propiedad.
En declaraciones a CIUDAD TV, Galassi aseguró que la resolución “implica un grave apartamiento al texto expreso de la ley vigente” y advirtió sobre una supuesta afectación a principios básicos del sistema republicano. “Ya venimos con maniobras desde un grupo de magistrados de nuestra provincia. Antes de la promulgación de la ley hubo un intento de veto parcial impulsado por la Asociación de Magistrados y ahora esto viene a ser un paso más de esa conducta inapropiada”, afirmó.
El titular del Colegio de Abogados defendió la constitucionalidad del artículo cuestionado y remarcó que la ley 4228-C fue elaborada durante dos años con participación de las seis circunscripciones judiciales de la provincia. “La norma es clara y establece con absoluta claridad que la ley se aplica a todos los procesos en trámite que no tengan regulación firme y consentida. No afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas”, sostuvo.
Además, apuntó directamente contra el criterio adoptado por la Cámara y acusó a algunos jueces de extralimitarse en sus funciones. “Se quieren poner en paladines de legisladores para generar una ley paralela, la que ellos quieren cumplir. No están respetando a la Cámara de Diputados como poder independiente del Estado”, expresó.
Galassi también cuestionó que la declaración de inconstitucionalidad carece de fundamentos sólidos y recordó que, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tipo de decisiones constituyen “el último recurso del orden jurídico”. “La Corte fue muy clara: la inconstitucionalidad solo procede ante una contradicción manifiesta e insalvable con la Constitución, y eso acá no ocurre”, señaló.
Durante la entrevista, el abogado insistió en que la nueva ley busca “dignificar y jerarquizar” la labor profesional y actualizar honorarios que, según dijo, estaban “totalmente desfasados” frente a la realidad económica. “Esto viene a desnudar lo que desde el Colegio veníamos denunciando hace años respecto a la discrecionalidad que tenían algunos jueces con la regulación de honorarios”, afirmó.
En otro tramo de sus declaraciones, Galassi negó que la actualización arancelaria limite el acceso a la Justicia y recordó que el Estado cuenta con defensorías públicas gratuitas para quienes no pueden afrontar la contratación de un abogado particular. “El acceso a la Justicia está garantizado. Nosotros somos abogados privados y acordamos con los clientes cómo se pagan los honorarios. Decir que esta ley perjudica a la gente es un argumento falso y sin fundamento”, sostuvo.
Por último, adelantó que la próxima semana las instituciones de abogados de toda la provincia se reunirán en Presidencia Roque Sáenz Peña para avanzar en la conformación del Observatorio creado por la nueva ley, desde donde buscarán monitorear la aplicación del régimen arancelario.