En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, docentes, no docentes y estudiantes se congregaron en Plaza de Mayo para exigir la recomposición presupuestaria y el cumplimiento de la normativa vigente.
Organizaciones de docentes, no docentes y estudiantes colmaron la Plaza de Mayo durante la Cuarta Marcha Federal Universitaria, donde leyeron un documento en el que reclamaron al Gobierno nacional la implementación de la ley de Financiamiento Universitario. En el texto, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que no permita que el Ejecutivo continúe incumpliendo la normativa aprobada por el Congreso.
Miles de personas se movilizaron este martes en distintos puntos del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, para respaldar el pedido de recomposición presupuestaria que encabezan las universidades públicas ante el ajuste aplicado desde diciembre de 2023. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el recorte sobre los recursos alcanza el 45,6%.
El documento firmado por el CIN y refrendado por gremios docentes calificó como “crítico” el financiamiento del sistema universitario nacional y señaló que la causa principal es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un piso de recursos para el normal funcionamiento de las casas de estudio.
Además de la falta de inversión en infraestructura, las universidades denunciaron una “asfixia salarial” tras el cierre de paritarias por parte del Gobierno nacional. Indicaron que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló un 293,30%, mientras que los salarios crecieron un 147,30%, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo del 37,13%. Esto, afirmaron, generó renuncias, reducción de dedicaciones, pluriempleo y una crisis en las obras sociales.
En cuanto a los gastos de funcionamiento, señalaron que las partidas no superaron, en ningún mes de la actual gestión, el 64% del valor que tenían en enero de 2023, y que la tendencia se intensificó hasta perder el equivalente a casi nueve meses de transferencias.
Las universidades también advirtieron sobre el deterioro de las becas nacionales como las Progresar y las Manuel Belgrano, que permanecen congeladas frente a la inflación, lo que afecta la continuidad de los estudios de miles de jóvenes. Asimismo, denunciaron la suspensión de las becas de vocaciones científicas (EVC).
El documento concluyó con un llamado a la Corte Suprema: “Le pedimos que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”. La defensa del derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y las becas, y la obligación del Estado de financiar la universidad pública fueron los ejes centrales del reclamo.