El Boletín Oficial publicó la resolución administrativa 20/2026 que afectó a nueve programas del Poder Legislativo. Los más afectados fueron los de Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Formación y Sanción Legislativa; y Asistencia Social Integral al Personal del Congreso.
A menos de seis meses de haberse sancionado, el Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 mediante la resolución administrativa 20/2026, por la cual se recortaron los gastos destinados al Poder Legislativo de la Nación en $28.420.194.064. El ajuste también alcanza al Poder Judicial y a varios ministerios, aunque los cambios específicos al Congreso no figuran en la parte resolutiva del mensaje, sino en los anexos.
Por esta medida, la senadora riojana Florencia López presentó una cuestión de privilegio contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmantes de la resolución publicada el lunes 11 de mayo en el Boletín Oficial. En el recinto, denunció que se trata de “un feroz ajuste que impone el recorte de más de 3 billones de pesos”, en alusión a todas las áreas mencionadas.
Un análisis de la planilla anexa a la decisión administrativa 20/2026 constató que el recorte presupuestario afectó a nueve programas del Poder Legislativo nacional: Formación y Sanción de Leyes Nacionales; Impresiones y Publicaciones Parlamentarias; Asistencia Social Integral al Personal del Congreso; y, el más grande, Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.
Aunque en la última planilla sobre gastos del Legislativo el Gobierno anuncia un incremento en recursos de afectación específica de $104.400.000, el recorte total de los nueve programas asciende a $28.420.194.064. La modificación global detallada en la decisión administrativa supera los $2.500.000.000.000 (2% de los gastos corrientes) y, según fuentes periodísticas, estaba prevista desde hace un mes y medio.
El primer programa afectado, “Formación y Sanción de Leyes Nacionales”, contempla una readecuación en ausencia de $4.656.280.000. La planilla oficial detalla recortes en alimentos, tintas, pinturas, combustibles, lubricantes, energía eléctrica, mantenimiento, reparación, limpieza, aseo, fumigación, y aportes al Círculo de Legisladores de la Nación, al Parlamento Latinoamericano y a la Unión Interparlamentaria.
En segundo lugar, “Formación y Sanción Legislativa” registra un recorte de $5.236.592.177. Le sigue “Impresiones y Publicaciones Parlamentarias” con $104.400.000. También se recortaron “Protección de los Derechos del Interno Penitenciario” ($20.000.000), “Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual” ($209.924.855), “Apoyo al Congreso Nacional en Materia Fiscal” ($55.200.000) y “Sistema Nacional de Prevención de la Tortura” ($100.000.000).
Sin embargo, el que más repercusión ha tenido en el Palacio Legislativo es el recorte al programa “Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación”, por $3.615.200.000. Finalmente, el programa “Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” —cuya Comisión Bicameral retomó funciones esta semana para designar al titular de la Defensoría— sufrió el ajuste más extenso: $14.422.597.032.
Casi desapercibida, la senadora Florencia López mencionó el tema en el Senado este jueves, mientras que la diputada rionegrina Adriana Serquis denunció en Instagram que el ajuste también afectó a la provincia de Río Negro, específicamente la construcción de la rotonda de Choele Choel en la Ruta 22. En la misma publicación, criticó al gobernador Alberto Weretilneck por “haber cambiado la construcción de la rotonda por el voto de la Ley Bases” en 2024. Por su parte, Julia Strada vinculó la decisión administrativa con la Marcha Federal Universitaria del pasado martes y afirmó: “Recortaron otros $5.303 millones en gastos de capital. Odian la educación pública”.