El Gobierno del Chaco se presentó como querellante en la investigación por los hechos ocurridos en 1933 en la zona de General San Martín, donde murieron alrededor de 50 integrantes del pueblo Mocoví.
El Gobierno del Chaco se presentó este lunes como querellante en la causa conocida como la “Masacre de El Zapallar”, un hecho ocurrido en 1933 en la zona que actualmente corresponde a General San Martín y que tuvo como víctimas a integrantes del pueblo Mocoví.
La presentación formal se realizó en la sede de la Fiscalía Federal de Resistencia y estuvo encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Hugo Maldonado, quien brindó detalles sobre el avance del proceso judicial y el rol que asumirá el Estado chaqueño.
Según explicó Maldonado, el hecho ocurrió cuando un grupo de personas que vivía en la reducción de Napalpí se trasladó hacia El Zapallar en busca de trabajo y alimentos, en un contexto de fuerte sequía. Esa movilización derivó en denuncias realizadas por sectores criollos de la zona, que acusaban a los indígenas de supuestos hechos de abigeato.
De acuerdo con la reconstrucción histórica mencionada por el funcionario, la intervención de fuerzas de seguridad terminó en una matanza que habría dejado alrededor de 50 víctimas. “Fue un hecho nefasto, una masacre contra el pueblo Mocoví”, sostuvo Maldonado.
El subsecretario remarcó que la presentación como querellante tiene como objetivo acompañar el proceso de investigación y aportar al esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, aclaró que no existe un reclamo económico por parte del Estado provincial, sino una búsqueda de verdad, justicia y reparación histórica.
“Esto es similar a lo ocurrido con la Masacre de Napalpí, donde la Justicia determinó la responsabilidad del Estado provincial y nacional. En este caso, también buscamos justicia”, señaló Maldonado.
El funcionario indicó que en las últimas semanas comenzaron a tomarse testimonios de familiares y descendientes de las víctimas, en el marco de un proceso que busca reconstruir lo ocurrido a partir de la memoria oral de las comunidades indígenas.
Maldonado también vinculó esta presentación con las acciones que la provincia viene realizando tras la sentencia por la Masacre de Napalpí, entre ellas la señalización del sitio histórico y la traducción de la manda judicial a lenguas originarias.
“Estamos trabajando para cumplir con esa manda. Este año pretendemos avanzar con una obra de señalización en la Ruta Nacional 16, en el acceso a Napalpí, y con la traducción a las lenguas Mocoví, Qom y Wichí, además del castellano”, explicó.
La incorporación del Estado provincial como querellante en la causa de El Zapallar marca un nuevo paso en el reconocimiento institucional de las violencias históricas cometidas contra los pueblos originarios del Chaco.