Sergio Mastropietro y Patricio Acosta se negaron a declarar en la causa que investiga un esquema de corrupción en compras de medicamentos e insumos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El juez Ariel Lijo deberá resolver su situación procesal.
El empresario de aviación Sergio Mastropietro se negó a declarar en la causa en la que se investiga un esquema de corrupción en compras de medicamentos e insumos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mastropietro, conocido por haber protagonizado un incidente en Migraciones cuando evitó que secuestraran su teléfono, fue citado en una segunda tanda de indagatorias y quedó imputado por maniobras de lavado de activos y manejo del dinero negro de la supuesta asociación ilícita. Este martes se presentó a la justicia y se negó a declarar.
El fiscal Franco Picardi describió la posible participación de Mastropietro en un esquema de lavado: “Parte de los beneficios dinerarios obtenidos en forma espuria de la Agencia de discapacidad, serían ubicados en terceras firmas que no guardan -en principio- vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia… Miguel Ángel Calvete giraba dinero en forma reiterada a Sergio Mastropietro (Baires Fly S.A.) y a Alan Pocoví”, sostuvo.
En noviembre del año pasado, la justicia aguardó su regreso al país desde los Estados Unidos para secuestrar su celular, pero cuando llegó a Aeroparque, tras una escala, logró evadir los controles de Migraciones. El avión debía viajar directo desde Miami hacia Buenos Aires, pero antes hizo una parada en Tucumán. Mastropietro logró salir del aeropuerto, luego tuvo que volver. Dijo haberse olvidado su teléfono en algún lugar del mismo, y que cuando se dio cuenta, el aparato ya había desaparecido.
En el marco de la causa ANDIS, los domicilios de Mastropietro fueron allanados en distintos operativos sugeridos por el fiscal Picardi y ordenados en su momento por el juez Sebastián Casanello. Según el expediente, hay pruebas de una conexión entre el empresario de aviación y el exdirector de la Agencia, Diego Spagnuolo. Mastropietro visitó dos veces al entonces funcionario de ANDIS en su casa del barrio privado Campos de Alto Grande, en marzo y mayo de 2025. Estas entradas al country ocurrieron junto a Miguel Calvete y Guadalupe Muñoz, imputados en la causa.
En el caso también se determinó que, en agosto de 2025, Mastropietro le remitió a Calvete la información de una cuenta bancaria a nombre de la empresa Baires Fly S.A., firma dedicada al servicio de vuelos privados que administraría. A cambio de las transferencias millonarias, Baires Fly emitió facturas a las empresas de Calvete por la supuesta “compra de kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa”, forma en la que se habría completado el círculo del lavado, según la fiscalía.
Otra de las empresas que figuran en la causa, Bymax Medical, tenía como gerente a Patricio Oscar Acosta, pareja de Lorena Di Giorno, exfuncionaria de ANDIS y procesada en la investigación. Di Giorno era colaboradora de Miguel Ángel Calvete, también procesado. El informe detalla sobreprecios en facturas de distintos productos. Fuentes judiciales informaron que Patricio Acosta, el último de la segunda tanda de indagatorias, se negó a declarar. En el marco de la causa, el propio Ministerio de Salud encontró diferencias del 1000%, 2000% y hasta más del 4000% entre las facturas de compras por productos como prótesis, sillas de ruedas y andadores y sus valores de referencia en distintas empresas proveedoras. Las ventas investigadas se dieron con las empresas Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Innova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat.
El juez Ariel Lijo, actualmente a cargo del caso, deberá resolver la situación de los indagados de esa segunda tanda. Es decir, si dicta el procesamiento.