Dirigentes de la Costa Atlántica se reunieron en Villa Gesell y resolvieron llevar al Senado declaraciones de Concejos Deliberantes y firmas de vecinos en defensa del régimen de subsidios al gas que impacta en 94 municipios bonaerenses.
Un grupo de dirigentes del peronismo se reunió este martes en Villa Gesell y comenzó a organizar un ‘frazadazo’ en el Congreso para frenar la votación que buscará eliminar el régimen de subsidios al gas conocido como Zona Fría, que impacta en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. La propuesta incluye conformar una red de municipios y ciudades.
En la reunión participaron representantes de Mar del Plata, Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea. Los dirigentes resolvieron llevar a la Cámara Alta las declaraciones de los Concejos Deliberantes y las firmas de vecinos pidiendo el mantenimiento del régimen.
Gustavo Barrera, intendente de Gesell y convocante de la reunión, afirmó que la ciudad cuenta con alrededor de 12.000 medidores de gas y que actualmente más de 7.000 hogares presentan problemas para pagar, con deudas y avisos de corte. “Si a esto se le suma un incremento mayor a la tarifa, va a ser catastrófico. La situación es realmente preocupante. Hay aumentos constantes y muchas familias ya no llegan. Por eso creemos que tiene que haber la fuerza necesaria para que esta quita, que ya tiene media sanción, no se apruebe en el Senado”, declaró.
El concejal Gustavo Pulti propuso conformar una red de municipios y ciudades en defensa de la Zona Fría, así como impulsar acciones conjuntas, entre ellas presentaciones judiciales y campañas de juntada de firmas.
La diputada nacional Jimena López sostuvo que “aproximadamente 1.300.000 bonaerenses vamos a perder el subsidio”. Explicó que el sentido de la Zona Fría es que los bonaerenses tienen más días de frío y consumen más metros cúbicos de gas: mientras un vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene mayores consumos durante casi 3 meses, los bonaerenses consumen esa misma cantidad durante 8 o 9 meses.
En el documento difundido tras la reunión, los dirigentes señalaron que “la modificación del régimen de Zona Fría representa una decisión profundamente injusta, insensible y centralista” y sostuvieron que “defender este beneficio significa cuidar el bolsillo de los vecinos y proteger la vida social, productiva y económica de nuestras comunidades”.