La Asociación del Personal del INTA difundió un documento en defensa del organismo y denunció el cierre de agencias de extensión rural en todo el país, incluida la provincia del Chaco.
La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) difundió un documento en respuesta a una nota publicada por Clarín Rural titulada “La ciencia cambia, el país cambia: qué INTA necesita la Argentina”. Desde la organización señalaron que la publicación fue elaborada en el ámbito del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y firmada por integrantes del Grupo CEO, “un espacio que históricamente ha promovido la desregulación y la reducción del Estado en la economía argentina”.
“No cuestionamos la legitimidad de ese debate, pero sí pedimos que se explicite desde qué intereses se formula”, expresaron desde APINTA. En el documento, el gremio rechazó la idea de que provincias y privados puedan reemplazar funciones estratégicas del INTA y planteó como eje central una pregunta: “¿Quién hace lo que el mercado no hace?”.
APINTA remarcó que existen investigaciones fundamentales para pequeños productores y economías regionales que difícilmente serían financiadas por empresas privadas debido a la falta de rentabilidad inmediata. Entre los ejemplos mencionados aparecen estudios vinculados al tabaco, la caña de azúcar y la yerba mate para productores del NOA y el NEA, además del desarrollo de cultivos andinos, papa nativa, carne de llama y producciones destinadas a comunidades campesinas e indígenas. También se hizo referencia a investigaciones sobre plantas tóxicas para el ganado caprino en la Patagonia árida.
“El INTA lo hace. Y lo hace hoy, con equipos de investigación consolidados, con conocimiento local acumulado durante décadas y con presencia en territorios donde ningún actor privado llega porque no hay retorno de inversión en el corto plazo”, señaló el texto.
Según el documento, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 24 de abril de 2026 el organismo perdió 1.145 trabajadores, entre retiros voluntarios, renuncias, jubilaciones y licencias sin goce de sueldo. “Cada baja representa conocimiento acumulado, experiencia territorial y vínculos con el sector productivo que no se reemplazan fácilmente”, afirmaron. Además, denunciaron el cierre de agencias de extensión rural y estructuras territoriales en distintos puntos del país, incluyendo dependencias en Buenos Aires, Córdoba y Chaco. En el caso de la región de Balcarce, el texto señala que pasó “de 10 agencias a apenas 3”.
Otro de los puntos desarrollados en el documento tiene que ver con la comparación con el sistema estadounidense de investigación agropecuaria. Según APINTA, quienes proponen “repensar” el INTA toman como referencia el modelo de universidades Land Grant y el USDA, aunque omiten que se trata de un sistema público y financiado por el Estado norteamericano con un presupuesto multimillonario. “El Estado norteamericano no se retiró de la investigación agropecuaria: la financia masivamente y la sostiene con presencia territorial en todo el país”, remarcaron.
Finalmente, desde APINTA sostuvieron que el INTA necesita “más inversión, no menos” y reclamaron fortalecer sus capacidades, recursos e infraestructura sin modificar “su misión pública”. “El verdadero riesgo para la Argentina no es tener un INTA del siglo XX: es perder la única institución capaz de garantizar soberanía tecnológica agroalimentaria en todo el territorio nacional”, concluye el documento.