El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) informó la baja de más de 1.500 prestadores de su cartilla nacional por irregularidades detectadas en auditorías. Entre los casos, se encuentra un médico de la provincia del Chaco.
El PAMI, a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, comunicó la decisión a través de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas se originaron tras auditorías que detectaron tres tipos de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no cumplían los protocolos de higiene y seguridad exigidos.
“Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.
Caso en Chaco
En la provincia del Chaco, las actuaciones involucran a un médico prestador perteneciente a la UGL XIII-Chaco del PAMI. Las auditorías detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas. El profesional no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo, que el organismo consideró insuficientes. El PAMI resolvió aplicar sanciones administrativas y rescindir el contrato prestacional, además de promover una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.
Caso en Tucumán
En San Miguel de Tucumán, la auditoría al policonsultorio Sanarte S.R.L. detectó faltas como falta de habilitación municipal actualizada, legajos profesionales incompletos, demoras de hasta 21 días para obtener turnos en especialidades y turnos asignados cada un minuto bajo sistema “por orden de llegada”. También se encontraron consultas y estudios sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios sin informes, lo que el organismo consideró un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio. En noviembre de 2025, el PAMI denunció ante la Justicia federal una estafa mediante órdenes médicas electrónicas falsas. En febrero de 2026, auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. El organismo implementó controles como monitoreo permanente de umbrales prestacionales, turnero digital y penalizaciones automáticas. “Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, y garantizaron que las bajas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados. En abril de 2026, el Gobierno designó a la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.