Mariano Brahim, exfuncionario municipal, cuestionó la iniciativa del oficialismo de Resistencia que busca prohibir la actividad de cuidacoches y propone retomar un modelo de inclusión implementado en 2018.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció una homilía durante el Tedeum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana, en presencia del presidente Javier Milei y su gabinete. En su discurso, el religioso cuestionó los discursos de odio y se refirió a la desigualdad social. “Tenemos que ponerle rostro humano. Nuestros hermanos que más sufren tienen nombre y apellido, son hermanos, no podemos ser indiferentes. Los ajustes y todo lo que estamos viendo en este tiempo afecta a los más pobres, y es duro”, afirmó.
Mariano Brahim, exsubsecretario de Transporte de la Municipalidad de Resistencia, vinculó este mensaje con el proyecto de ordenanza impulsado por el oficialismo municipal que propone la prohibición total de la actividad de cuidacoches, cuidamotos y limpiavidrios en el ejido municipal. Brahim sostuvo que la iniciativa “carece de rigurosidad técnica” y que “disfraza de ‘ordenamiento urbano’ una preocupante indiferencia social”.
Según Brahim, los fundamentos de la ordenanza se basan en “una falacia” al afirmar que los cuidacoches son personas en situación de calle que no deberían ocupar la vía pública. “Esa premisa demuestra un absoluto desconocimiento de la calle y la compleja realidad social, ya que para muchas personas hoy, es esta la única alternativa de subsistencia”, declaró.
Brahim recordó que en 2018, durante su gestión como subsecretario de Transporte, se implementó un sistema integral de estacionamiento de motovehículos que transformó a 200 cuidadores informales en operadores formales. El proceso incluyó una audiencia pública, un censo, y un registro con requisitos como mayoría de edad, residencia en la ciudad, antigüedad mínima de tres años en la actividad, certificado de antecedentes penales y una nota de recomendación de vecinos. El municipio otorgó credenciales, delimitó zonas y horarios, unificó tarifas y proveyó indumentaria. “El resultado fue exitoso: se ordenó el flujo vehicular y se dignificó al trabajador”, afirmó.
El exfuncionario diferenció entre actos delictivos y la realidad social de los trabajadores de subsistencia. “Repudiamos de manera tajante cualquier acto delictivo, como el grave caso de extorsión sufrido recientemente por un adolescente de 16 años. La extorsión, la amenaza y la violencia son delitos que deben ser procesados, juzgados y castigados por la Justicia”, indicó. Agregó que “meter en la misma bolsa a las mafias organizadas y a los trabajadores de subsistencia es estigmatizar la pobreza”.
Brahim advirtió que la prohibición dejaría a 200 familias en el desamparo y cerca de 1.000 personas perderían su único sustento diario. “La función de un concejal no es adoptar las posturas de un populismo punitivo vacío que solo busca el aplauso inmediato o el titular del diario”, señaló. Concluyó que “el problema del espacio público no se resuelve con discursos de barricada ni criminalizando la necesidad, sino con ordenamiento integral, fiscalización estatal, creación de registros y programas reales de inserción laboral”.