El Banco Nación confirmó que concedió 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, sobre un total de 25.391 operaciones. La información fue obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública.
El Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, según un pedido de acceso a la información pública realizado por Ámbito. Durante ese período, la entidad concedió un total de 25.391 créditos hipotecarios, lo que implica que aproximadamente uno de cada 23 préstamos fue otorgado a una persona alcanzada por el régimen de control reforzado previsto por la Unidad de Información Financiera (UIF).
La categoría PEP incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros cargos públicos, pero excluye a subsecretarios nacionales, directivos de empresas públicas o sociedades con participación estatal y otros funcionarios de alto rango. Por lo tanto, los 1.120 casos informados podrían no reflejar la totalidad de los beneficiarios vinculados al Gobierno.
En septiembre de 2024, el Banco Nación modificó la normativa de la línea hipotecaria “+ Hogares” para incorporar expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”. La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal por estos hechos, que recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.
Tras la difusión de casos individuales de funcionarios de alto rango que obtuvieron créditos millonarios, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó: “El Banco Nación otorgó más de 27.000 créditos, de los cuales menos del 0,2% corresponde a personas vinculadas al Gobierno”. Sin embargo, la expresión “personas vinculadas al Gobierno” no constituye una categoría utilizada por el sistema financiero, que sí identifica a las PEP según la regulación de la UIF.
Según la Resolución 192/2024 de la UIF, se considera Personas Expuestas Políticamente a quienes ejercen o ejercieron funciones públicas relevantes, como el Presidente y Vicepresidente de la Nación, legisladores nacionales, gobernadores, ministros, secretarios de Estado, magistrados, fiscales, embajadores, autoridades de las Fuerzas Armadas y otros cargos de jerarquía, así como a sus cónyuges, padres, hermanos e hijos, y a quienes hayan desempeñado esas funciones durante los últimos dos años.
La investigación judicial deberá determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. Los datos permiten establecer que detrás de los casos individuales existe un universo de al menos 1.120 créditos hipotecarios otorgados a PEP.