La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sede del IX Encuentro de la Red de Jueces y Juezas comprometidos con los derechos de niñas, niños y adolescentes, con participación de dos magistradas del Poder Judicial del Chaco.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sede del IX Encuentro de la Red de Jueces y Juezas comprometidos con los derechos de niñas, niños y adolescentes, una iniciativa impulsada por UNICEF Argentina que reúne anualmente a magistradas y magistrados de todo el país.
En representación del Poder Judicial del Chaco participaron la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel María Grillo, y la jueza del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 4 de Resistencia, Vilma Almirón.
El encuentro convocó a representantes de los poderes judiciales provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación. Se constituyó en un espacio de articulación, diálogo e intercambio destinado a promover consensos federales y fortalecer las políticas judiciales vinculadas con la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Durante esta edición, uno de los ejes centrales de debate fue el rol del Poder Judicial en la implementación de la Ley Nº27.801, que establece el nuevo régimen penal juvenil. Asimismo, se presentaron la “Guía Técnica sobre delitos en entornos digitales en Argentina” y la publicación “Medidas alternativas, abordajes socioeducativos y enfoques restaurativos en el sistema penal juvenil”.
Las actividades concluyeron con la firma de una Declaración Conjunta por parte de las y los participantes, en la que se reafirmó la importancia de sostener la Red como ámbito de reflexión y trabajo colaborativo en torno a los desafíos de la protección de la niñez y la adolescencia.
Entre las principales conclusiones del encuentro se destacaron el fortalecimiento de la formación de magistradas, magistrados y operadores judiciales en materia de derechos de la niñez; la difusión de buenas prácticas para garantizar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia; la promoción de mecanismos de articulación entre organismos de protección de derechos y poderes judiciales; y el impulso de estrategias de justicia penal juvenil con enfoque restaurativo y programas socioeducativos basados en la comunidad.
Asimismo, se acordó promover la utilización de herramientas técnicas para abordar los delitos cometidos en entornos digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes, reforzar la producción e intercambio de información entre organismos competentes y garantizar que las reformas procesales respeten los principios de especialidad, mínima intervención y reintegración social establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.