El diario británico Financial Times informó que el gobierno de Javier Milei ultima un plan para conceder la ciudadanía argentina a cambio de inversiones o contribuciones que podrían alcanzar el millón de dólares, con el objetivo de captar divisas para afrontar vencimientos de deuda.
Según publicó el Financial Times (FT), el gobierno argentino ultima los detalles de un plan para conceder la ciudadanía a cambio de inversiones o contribuciones que podrían alcanzar el millón de dólares. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, busca captar divisas para hacer frente a los vencimientos de deuda de los próximos años.
El medio británico señaló que el programa, aún en fase de estudio y sujeto a posibles modificaciones, se lanzaría antes de que finalice el año. El documento se otorgaría a cambio de un pago no reembolsable de 500.000 dólares o de la compra de bonos soberanos “cupón cero” (que no abonan intereses y se cancelan al vencimiento) por un millón de dólares.
El FT indicó que el gobierno espera que el plan genere ingresos por “decenas de miles de millones” de dólares, en un contexto donde Argentina no ha regresado a los mercados globales de capital desde la reestructuración de 2020 y busca vías alternativas para obtener dólares. De concretarse, Argentina sería uno de los países más grandes en ofrecer ciudadanía por inversión. Los beneficiarios tendrían acceso sin visa a casi 170 países, lo que, según el FT, supera a cualquier otro programa similar vigente.
Este tipo de “pasaportes dorados” se ha expandido rápidamente para atraer a personas de alto patrimonio. Paraguay, por ejemplo, comenzó en abril a ofrecer residencia por inversiones desde 70.000 dólares. Los programas que otorgan ciudadanía directa han sido más controvertidos y varios países los han descontinuado, con críticas de organizaciones que alertan sobre riesgos de seguridad y corrupción.
El FT mencionó al tecnólogo Peter Thiel, recientemente instalado en Buenos Aires, como una suerte de “embajador” del programa. Consultores que participaron en el proyecto consideraron que la propuesta podría interesar a ciudadanos de Estados Unidos y Europa preocupados por la polarización política, los debates fiscales y la posibilidad de un conflicto con Rusia.
David Lincoln, fundador de Lincoln Global Partners, señaló que clientes de alto patrimonio ya mostraron interés por la ubicación estratégica de Argentina, lejos de zonas de conflicto, y que la ciudadanía argentina sería más barata que la visa para inversores de Nueva Zelanda, que ronda los 3 millones de dólares. Eric Major, de Latitude Group, que asesoró al gobierno, afirmó al FT que “simplemente no hay nada como Argentina en el mercado de ciudadanía por inversión”, siendo más atractiva que los programas de pequeñas islas del Caribe o el Pacífico sur. Armand Arton, de Arton Capital, consultora que asesoró en el diseño del programa, afirmó que Peter Thiel es un gran embajador y que es poco probable que el esquema incluya un requisito de residencia, lo que limitaría la carga impositiva para los participantes.
El FT recordó que el año pasado el gobierno de Milei modificó las reglas de ciudadanía, en parte para habilitar este programa, aunque esa reforma enfrenta impugnaciones judiciales, ya que la Constitución otorga al Congreso la facultad sobre las leyes de ciudadanía. Muchos países grandes ofrecen residencia, pero no ciudadanía plena, por inversión. Donald Trump lanzó un permiso de residencia acelerado por 1 millón de dólares que recibió pocas solicitudes. El esquema argentino busca reposicionar al país como destino atractivo para capitales, tras años de fuga de la élite local por impuestos y volatilidad.
El artículo también señaló que en 2024 la Corte de Justicia de la UE declaró ilegal el esquema de Malta, cerrando la última vía de pasaporte dorado en la Unión Europea, y que el Reino Unido eliminó su programa de residencia por inversión en 2022 por riesgos de lavado de dinero, considerando el pasaporte por inversión “intrínsecamente de alto riesgo”. Por último, la abogada migratoria Paula Carello, exfuncionaria de la oficina argentina de ciudadanías, advirtió sobre “muchos riesgos” en materia de seguridad y reputación que, a su criterio, probablemente “superan los beneficios para un país del tamaño y perfil de Argentina”.