El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) celebró la aprobación por parte del Parlamento del Norte Grande de un reclamo ante el Ejecutivo Nacional por el desfinanciamiento de las rutas nacionales y la retención de fondos del impuesto al combustible.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) celebró la aprobación por parte del Parlamento del Norte Grande, en el marco de la 58° Sesión Plenaria con legisladores de las diez provincias del NOA y el NEA, del reclamo presentado por el gremio ante el desfinanciamiento de las rutas nacionales y la retención de fondos del impuesto al combustible (SISVIAL) por el Ejecutivo Nacional.
El Parlamento resolvió exigir “el cese del ahogo financiero” y “el ingreso directo de los recursos a la Dirección Nacional de Vialidad” (DNV). La decisión se tomó luego de la exposición realizada la semana pasada por Graciela Aleñá, junto a Secretarios Generales de las Seccionales de las provincias del Norte Grande, con el fin de analizar la situación vial de cada provincia.
El documento emitido por el Parlamento se compromete a apoyar los reclamos presentados, que advierten sobre el deterioro de las Rutas Nacionales y el desfinanciamiento de la DNV, lo que pondría en “riesgo la conectividad productiva y la seguridad vial”.
Aleñá agradeció el apoyo de las provincias y afirmó: “Nos devolvieron la esperanza de que luchando y trabajando con la política en forma conjunta, y siempre de cara a nuestros trabajadores, podemos ganar esta batalla”. Añadió: “Volvimos a demostrar que nuestra voz retumba donde tenía que escucharse”.
En la presentación de la semana pasada, Aleñá declaró que “desfinanciar Vialidad Nacional no es ahorrar”, sino decidir que “el costo se pague con la sangre de los muertos y la pobreza de los pueblos y comunidades de todo el país”.
El gremio denunció que, luego de 30 meses de la gestión actual, “las rutas nacionales se encuentran, sin mantenimiento, deterioradas y próximamente intransitables”. También señalaron que el Ministerio de Economía tiene “retenidos de forma ilegal los fondos que se recaudan del impuesto al combustible para el mantenimiento, planificación y construcción de nuestras rutas, superando el monto recaudado por el periodo de los años 2024/2025 en mil millones y 0.6 billones remanentes de años anteriores”.
Además, explicaron que el Gobierno “promociona y convalida el deterioro de la red vial nacional con el propósito de hacer ver a la sociedad que los trabajadores no mantienen las rutas y así ceder y concesionar las rutas a las provincias”. Sostuvieron: “El descarnado recorte presupuestario de la DNV, que se suma al desfinanciamiento que le corresponde por Ley, se traduce en víctimas fatales, aislamiento de comunidades del interior y el destrozo del desarrollo productivo de cada Provincia”.
Fuente: Infogremiales