El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró exhortos a Estados Unidos para determinar si el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez, es propietario de tres inmuebles en Florida.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró exhortos a Estados Unidos para avanzar con la investigación criminal contra el actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez. El objetivo es determinar si Vázquez es propietario de tres inmuebles en el estado de Florida.
Martínez de Giorgi admitió el requerimiento del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien propuso medidas de prueba adicionales para la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La PIA considera que el juzgado acumuló evidencias suficientes para indagar a Vázquez por omisión maliciosa de esos inmuebles en su declaración jurada patrimonial.
Según fuentes tribunalicias, los plazos dependen de la respuesta de las autoridades estadounidenses, que podría llegar en meses o demorar más de dos años. Dentro del Gobierno, Vázquez transmitió que él no sería el verdadero dueño de los inmuebles, valuados en más de US$2 millones, sino que pertenecen a un tercero no identificado. El juez, el fiscal federal Guillermo Marijuan y la PIA esperan la respuesta oficial desde Estados Unidos.
En su dictamen, Rodríguez sostuvo que Vázquez incurrió en el delito de omisión maliciosa al no declarar su vínculo con sociedades extranjeras que registran los bienes, abarcando declaraciones de 2012 a 2015 y de 2023. Según la PIA, los departamentos de Miami fueron adquiridos entre 2013 y 2015 por dos sociedades panameñas, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., controladas por Galanthus Capital Limited, creada en 2016 en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figura como beneficiario final. Desde 2021, sus hijas mellizas son secretaria y tesorera de las panameñas.
La Procuraduría reunió indicios que apuntan a Vázquez como dueño real: él y su exmujer pagaron impuestos municipales de los inmuebles (unos US$136.000 entre 2014 y 2018) y recibieron cheques de reembolso a su nombre. Sus hijas residen desde 2022 en una unidad de Sunny Isles a nombre de Pompeya Group Corp., y el domicilio del funcionario en Puerto Madero figura como sede de Alcorta Corp. en registros de Florida.
El dictamen señala una desproporción patrimonial: en vísperas de las compras en Brickell, Vázquez declaró disponibilidades líquidas por US$40.000 frente a operaciones por US$1.100.000. La PIA propuso ampliar la investigación a enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión, e incorporó a Consultora San Andrés SA, controlada por Vázquez con el 51%, que no registra empleados y le habría prestado dinero para comprar su departamento en Puerto Madero, lo que el fiscal asocia con una posible sociedad pantalla.
Otro foco es la compra en 2018 de un triplex de 318 m² en Puerto Madero por US$226.000, cuando unidades comparables se ofrecían por más del doble, indicio de subvaluación. El juez libró exhortos a bancos estadounidenses (Bank of America, PNC y Wells Fargo) para obtener extractos de Vázquez y su familia, y consultar si Alcorta y Pompeya tienen cuentas. También reiteró el pedido de movimientos migratorios del grupo familiar y requirió información a ARCA, el Colegio de Escribanos, el BCRA y otros organismos.