La Federación de Empresas Navieras Argentinas emitió un comunicado ante versiones de una apertura de la marina mercante a buques extranjeros.
Frente a trascendidos vinculados a la desregulación y apertura de la Marina Mercante a buques extranjeros, la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) emitió un comunicado en el que manifestó su postura respecto a una posible modificación de la Ley de Cabotaje.
En el texto, FENA declaró su “firme vocación de avanzar hacia una actualización logística que sea integral y transparente”. Asimismo, consideró “primordial para el desarrollo de la actividad, el reducir costos logísticos, incrementar las flotas al servicio del transporte local, promover inversiones de largo plazo y desburocratizar de forma integral la cadena fluvial y marítima”.
La entidad sostuvo que “una verdadera modernización debe construirse obligatoriamente tendiendo al desarrollo sustentable de la Nación sobre reglas transparentes, razonables, equitativas y previsibles para todos los operadores del sistema; sin estas condiciones se corre el riesgo de consolidar distorsiones estructurales irreversibles que afecten la estabilidad de toda la actividad”.
FENA afirmó que “la apertura del cabotaje, por sí sola, no elimina los sobrecostos argentinos. Si no se corrigen de manera integral las asimetrías laborales, fiscales, portuarias, de estiba, registrales y burocráticas, el riesgo real es sustituir capacidad nacional por flota extranjera sin resolver el problema logístico de fondo”.
La federación señaló que “más del 80% de los países con litoral marítimo consideran a sus pabellones nacionales como un activo estratégico al servicio del cabotaje doméstico”. Agregó que “Estados Unidos y la Unión Europea no consideran sus infraestructuras portuarias y redes de transporte como simples herramientas comerciales de libre mercado, sino que son definidos como activos esenciales para la seguridad económica y la autonomía estratégica”.
En el comunicado, FENA indicó que “un esquema de apertura que, de acuerdo a trascendidos sería impulsado por el Poder Ejecutivo, vulnera este estándar internacional al habilitar el tráfico de cabotaje a flotas extranjeras bajo banderas de conveniencia sin exigencias de reciprocidad”. Añadió que esta medida “expone al comercio, interior y exterior, a la incertidumbre operativa y de seguridad en nuestros ríos y mares” y “somete a la producción a la volatilidad de las tarifas internacionales y delega la logística de insumos críticos para el sostenimiento de la matriz energética nacional, en manos de intereses que son ajenos al desarrollo sustentable socioeconómico argentino”.
La entidad defendió el cabotaje nacional y señaló que “mantener, capitalizar y potenciar una flota con pabellón propio actúa como un resguardo y un motor indispensable para la economía interna, la inversión local y el desarrollo federal”. Destacó que “el flete de bandera nacional posee un fuerte efecto multiplicador, ya que los ingresos generados por esta actividad se reinvierten en el territorio de la República Argentina, sustentando de forma directa el empleo de más de 6.300 trabajadores fluviales y marítimos directos”.
FENA afirmó que “la Marina Mercante Argentina no solicita privilegios ni esquemas proteccionistas, sino condiciones idénticas para competir”. Ratificó su “plena disposición para acompañar toda reforma regulatoria que tenga como objetivo reducir costos logísticos y promover inversiones de largo plazo”, pero consideró “indispensable que cualquier modificación garantice de manera absoluta que las empresas argentinas que invierten, tributan y generan empleo genuino en el país accedan exactamente a las mismas condiciones y beneficios que eventualmente se pretendan otorgar a los operadores extranjeros”.