La renegociación de 800 convenios colectivos de trabajo, prevista en la reforma laboral, quedó en punto muerto tras una reglamentación del ministro Federico Sturzenegger que unió a sindicatos y empresas en su rechazo. Solo dos convenios avanzaron parcialmente.
La renegociación de 800 convenios colectivos de trabajo, establecida en el decreto 407/26 firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, entró en punto muerto antes de su inicio formal el 1 de julio. Así lo reconocieron fuentes de sindicatos, cámaras empresarias y del propio Gobierno al medio El Destape.
La norma, destinada a reglamentar la ley 27.802 de reforma laboral, fijó el inicio de las conversaciones para el 1 de julio y emplazó a la Secretaría de Trabajo a lanzar la convocatoria. Originalmente, la renegociación se centraría en el fin de la ultraactividad de las cláusulas “obligacionales” de los convenios, es decir, la pérdida de vigencia forzada de puntos no salariales acordados entre empleadores y sindicatos.
Según los protagonistas consultados, la reglamentación instruida por Sturzenegger amplió el alcance de la convocatoria para incluir implícitamente la discusión de condiciones laborales y otros puntos críticos. Esto afecta a las “cuotas solidarias” que sindicatos y cámaras patronales perciben de trabajadores no afiliados y empresas no asociadas, fondos considerados vitales para la subsistencia de ambas instituciones.
De los 800 convenios, solo dos avanzaron parcialmente. El del sindicato de la Alimentación y las cámaras de esa industria renegoció todas sus cláusulas vigentes. El de la empresa Mirgor con el sindicato Smata implementó un banco de horas para compensar suspensiones, pero no eliminó las horas extras como proyectaba la reforma. El resto de las actividades no respondió al llamado, según funcionarios de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo.
La negativa se explica principalmente por la reglamentación que fija un tope del 2% para los aportes y contribuciones a favor de sindicatos y del 0,5% para entidades de empleadores, calculados sobre sueldos básicos sin incluir adicionales, horas extra u otros ítems que eleven el salario. En muchas actividades, los adicionales representan la mayor parte del ingreso total, y su exclusión del cálculo afecta el financiamiento de gremios y cámaras.
Para sindicatos como Comercio, Camioneros, la Asociación Bancaria, Gastronómicos y Smata, la “cuota solidaria” es vital. Cámaras como CAC y CAME dependen de contribuciones de empresas no asociadas para el Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap). La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) también percibe cuotas de fábricas no asociadas, lo que generó un litigio con la Asociación de Fábricas de Autopartes (AFAC).
Negociadores sindicales y empresarios señalaron que el tope, al afectar la estructura financiera de las representaciones gremiales, podría romper la inercia negociadora de décadas en Argentina. Un paritario empresario declaró: “si nos sacan los aportes y contribuciones que solemos acordar con los gremios, solo nos queda el salario por discutir y eso va a elevar los reclamos y el conflicto”.