Un informe de Argentinos por la Educación señala que el 59% de los alumnos de tercer grado tiene celular propio y que once provincias avanzaron con normativas, aunque la evidencia sobre su impacto en el aprendizaje es dispar.
Un informe elaborado por la ONG Argentinos por la Educación, titulado “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?”, analizó la situación del uso de dispositivos móviles en las escuelas argentinas. Según el estudio, el 59% de los alumnos de tercer grado de primaria en Argentina tiene un celular propio, mientras que el 23% utiliza el dispositivo de un familiar. Solo el 18% de los estudiantes de 8 años no tiene acceso a un teléfono celular.
El informe fue realizado por Andrea Goldin (Conicet y Universidad Torcuato Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada (Argentinos por la Educación). A partir de datos del operativo Aprender 2024, se relevó la expansión del acceso a celulares y se analizó la evidencia internacional sobre las restricciones a su uso en las escuelas, así como las regulaciones implementadas en distintas provincias argentinas.
Según el informe, la tenencia de celulares varía según la provincia. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de tercer grado tiene celular propio, mientras que en Misiones y Formosa la proporción ronda el 40%. También existen diferencias según el nivel socioeconómico: el 63% de los estudiantes del quintil más alto cuenta con un dispositivo propio, frente al 52% del quintil más bajo. En secundaria, la tenencia alcanza al 90% de los estudiantes, según datos de Aprender 2023.
En cuanto a la regulación, el informe señala que en Argentina no existe una normativa nacional unificada. Al menos 11 jurisdicciones —el 45% de las provincias— avanzaron con leyes, resoluciones o protocolos propios. El 55% restante aún no cuenta con marcos regulatorios definidos. Por ejemplo, CABA, Santa Fe y Formosa establecieron limitaciones amplias en el nivel inicial y primario; la provincia de Buenos Aires restringe el uso únicamente en secundaria; Mendoza autoriza el uso solo para actividades pedagógicas y bajo supervisión docente; mientras que Salta y Tucumán habilitan adaptaciones según el contexto de cada institución.
El informe también analiza la evidencia internacional. Según datos de UNESCO, la proporción de países que implementaron algún tipo de restricción formal pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a cerca del 60% en 2026. Países como Francia, Países Bajos y Chile adoptaron restricciones generales; Brasil, Finlandia y Dinamarca permiten el uso únicamente con fines pedagógicos; y el Reino Unido tiene un sistema descentralizado donde cada escuela define sus normas.
El estudio concluye que las restricciones logran reducir el uso del celular y las distracciones en el aula, pero los resultados sobre mejoras en el rendimiento académico son dispares. Algunas investigaciones muestran mejoras moderadas, especialmente entre estudiantes de bajo desempeño o sectores más vulnerables, mientras que otras no encuentran cambios significativos. En cuanto a la convivencia y el bienestar estudiantil, los resultados también son diversos: algunas investigaciones hallan una disminución de situaciones de bullying, mientras que otras no detectan efectos significativos sobre el clima escolar.