miércoles, 14 octubre, 2026
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El Ministerio de Justicia y la UNNE impulsan más prácticas para estudiantes

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes y la Facultad de Derecho de la UNNE firmaron un acuerdo marco y dos convenios específicos para fortalecer la formación académica y la capacitación.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) firmaron un acuerdo marco de cooperación y dos convenios específicos. El objetivo es fortalecer el trabajo conjunto en materia de formación académica, capacitación y extensión universitaria.

Los documentos fueron suscriptos por el ministro Juan José López Desimoni y la decana de la Facultad de Derecho, Mónica Anís.

El acuerdo marco establece una agenda de colaboración para desarrollar actividades de formación, investigación, extensión universitaria, transferencia de conocimientos, capacitación y promoción de derechos, además de impulsar proyectos conjuntos de interés para la comunidad.

En ese marco, también se firmó un convenio para implementar el Sistema de Prácticas Vocacionales Orientadas. Este permitirá a estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía realizar prácticas en distintas áreas del Ministerio, con el propósito de complementar su formación mediante la experiencia en la gestión pública.

Además, ambas instituciones acordaron el desarrollo del curso de extensión universitaria “Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. El curso está destinado a agentes y profesionales del Ministerio, graduados y estudiantes avanzados de la Facultad de Derecho.

La capacitación será organizada en conjunto por la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DiPNA) y la Facultad de Derecho de la UNNE. El objetivo es fortalecer la formación en la promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con estos convenios, ambas instituciones buscan ampliar las instancias de formación, fortalecer las capacidades institucionales y contribuir al desarrollo de políticas públicas vinculadas al acceso a la justicia y la protección de derechos.

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