María Elina Serrano, integrante de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, se manifestó en contra del proyecto que modifica la Ley de Tierras y señaló que la iniciativa flexibiliza los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
María Elina Serrano, integrante de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, expresó su rechazo al proyecto que modifica la Ley de Tierras y advirtió que la iniciativa implica “una modificación grosera” de la normativa vigente desde 2011, al flexibilizar los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. En los estudios de CIUDAD TV, sostuvo que la discusión excede la propiedad privada y se vincula con la defensa de la soberanía nacional y los recursos estratégicos del país.
Serrano consideró que la iniciativa oficial fue presentada bajo un nombre que “pone el foco en otro lugar”. “Detrás de ese título tan rimbombante se esconde una modificación grosera a la Ley de Tierras”, afirmó, al explicar que la norma vigente establece un límite a la propiedad rural en manos extranjeras y creó el Registro Nacional de Tierras Rurales para conocer quiénes son sus propietarios. Aclaró además que la discusión “no va en contra de las personas extranjeras”, sino que apunta a establecer reglas sobre un recurso estratégico.
Según explicó, el proyecto pretende elevar el límite de tierras rurales en manos extranjeras del 15% al 25% y eliminar otras restricciones vinculadas con zonas ribereñas, cuerpos de agua y áreas de frontera. “La tierra es un bien escaso, es un patrimonio estratégico del país”, afirmó, al remarcar que la legislación vigente fue concebida con criterios de preservación de la soberanía y de los recursos naturales.
La referente también vinculó la reforma con otras iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y modificaciones a otras leyes vinculadas al uso del suelo. En ese sentido, advirtió que eliminar restricciones posteriores a incendios forestales podría favorecer la especulación inmobiliaria en zonas de alto valor ambiental, especialmente en la Patagonia.
Respecto del tratamiento legislativo, Serrano señaló que la Coalición realiza un seguimiento permanente del posicionamiento de cada senador y afirmó que la movilización ciudadana fue determinante para que el proyecto no obtuviera aprobación en su primer intento. “Si algo sale bien mañana es por el trabajo tanto de la comunidad como de los medios”, expresó al valorar la participación social en el debate.
En relación con la provincia del Chaco, indicó que actualmente alrededor del 2,7% de su superficie se encuentra en manos de extranjeros y consideró que el debate debe centrarse en el futuro del país y la preservación de sus recursos. Además, recordó que en la provincia se convocó una manifestación con participación de organizaciones sociales, universidades e instituciones para solicitar a los legisladores un “voto consciente” durante el tratamiento del proyecto el jueves.