El oficialismo cedió ante la presión de aliados y el proyecto obtuvo dictamen. No podrán ingresar al régimen quienes hayan ejercido cargos públicos en los últimos cinco años.
El proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados con cambios introducidos por el oficialismo para lograr el apoyo de los bloques aliados. La versión final del texto excluye de los beneficios del régimen a los funcionarios públicos, tanto a quienes ejerzan cargos en la actualidad como a quienes los hayan ejercido en los últimos cinco años.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, modifica la ley sancionada en diciembre de 2024. Según el texto, el objetivo es eliminar la presunción automática de culpabilidad fiscal y otorgar seguridad jurídica para que los ciudadanos puedan declarar ahorros en dólares no formalizados.
El dictamen obtuvo 44 firmas: 32 de La Libertad Avanza, 1 del MID, 4 del PRO, 2 de la UCR, 1 de Independencia, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo, y 1 en disidencia de Provincias Unidas.
La diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) explicó que “los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable”.
Durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, la oposición expresó críticas al proyecto. El diputado Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) señaló que la ley original “fue sancionada en la madrugada de una sesión, en diciembre pasado, cuando se estaba debatiendo el presupuesto. Fue la ley impulsada por Espert, y fue en la que ingresó el propio Espert, fue en la que ingresó Adorni, y que le dio enormes beneficios a todos los evasores, incluidos funcionarios. También ingresó Sturzenegger”. Sostuvo que “es una ley hecha para ellos mismos y los evasores”.
El diputado Carlos Castagneto (Unión por la Patria) afirmó: “Si esta ley no da resultado, ¿qué van a hacer? ¿Sacar la ley de inocencia fiscal 3?”. También expresó que el proyecto está destinado a favorecer a los grandes contribuyentes: “Todo para los grandes, nada para la pequeña y mediana empresa”.
En el plenario expusieron el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, José Ignacio Simonella; el coordinador técnico de la Comisión de Asuntos Tributarios de la misma entidad, Oscar Fernández; y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez.
Álvarez informó que la economía informal en Argentina alcanza aproximadamente el 48% de la actividad total. Señaló que “hay un gran volumen de efectivo que las personas tienen en su poder y circulan dentro de un circuito económico que está por fuera de los canales formales y legales, y que no tiene que ver con una cuestión ilícita, sino con el mecanismo por el que, durante años, por las dificultades macroeconómicas, las personas han empleado para proteger sus ahorros”.
El funcionario agregó que “si uno quiere insertar el dinero proveniente de delitos dentro del sistema financiero, lo mejor es hacerlo dentro de un sistema que habilita el uso de efectivo y mecanismos no regularizados”.
Se espera que el proyecto sea debatido en el recinto en la próxima sesión, junto con la modificación de la carta orgánica del Banco Central, la reducción impositiva para la fécula de mandioca y el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur.