La provincia de Tierra del Fuego, gobernada por Gustavo Melella, trabaja en una ley para sancionar la logística que abastece a las Islas Malvinas, con foco en el corredor marítimo que conecta Punta Arenas con el archipiélago.
La provincia de Tierra del Fuego, gobernada por Gustavo Melella, prepara una ley para sancionar la logística que abastece a las Islas Malvinas. La iniciativa apunta al corredor marítimo que conecta Punta Arenas con las islas y busca encarecer las operaciones que contribuyen al funcionamiento económico del archipiélago.
Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, explicó: “Lo que estamos buscando es la manera de tipificar lo que sería la utilización de la infraestructura dentro de lo que es la propia Malvinas como infraestructura propia del gobierno fueguino para poder desalentar esto a partir de lo que serían sanciones económicas”.
La provincia también analiza la aplicación del Decreto 256, que establece reglas para el contacto entre la Argentina continental y las islas. Dachary sostuvo: “Desde la boca oriental del Estrecho de Magallanes primero tenés aguas jurisdiccionales de la provincia de Tierra del Fuego y después Mar Argentino. Siempre estás en Mar Argentino. Después cuando llegás a Malvinas, cuando ingresás dentro de las 12 millas, otra vez Mar Territorial de la provincia de Tierra del Fuego”.
El anuncio del corredor marítimo entre Punta Arenas y Malvinas se produjo el mismo día en que Javier Milei estuvo en Chile y se difundió una declaración en la que el gobierno chileno respaldó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas. Dachary señaló que “ciertos gobernantes locales chilenos han tenido una postura pro británica”, incluso en cuestiones simbólicas como recibir a supuestas selecciones de las islas en eventos deportivos.
El funcionario puso el foco en el efecto que el corredor podría tener sobre la actividad económica de Malvinas: “Esto que brinda un sostén logístico también es favorecer lo que es la explotación y achicar costos”. Agregó: “Tenemos que hacer cada vez más costosa la presencia británica en Malvinas para forzar lo que es esa reapertura de negociaciones”.
El 58% del producto de las islas proviene de las licencias de pesca, aprovechadas principalmente por buques de bandera de España, Corea del Sur y Taiwán. Con la explotación de hidrocarburos, ese esquema podría transformarse y generar un nivel de ingresos que, según Dachary, volvería a las islas autosuficientes.
Dachary planteó: “¿Qué hacemos a 12.000, 13.000 km de distancia gastando miles y miles de millones de libras en mantener estas islas?”. Sostuvo que “con este ingreso extra de lo que sería el saqueo de hidrocarburos, Malvinas pasa a ser completamente superavitaria”. Para el funcionario, esa mayor autonomía económica puede “condicionar cada vez más la reapertura de negociaciones” que Argentina reclama al Reino Unido en el marco de la Resolución 2065 de Naciones Unidas.
Dachary también cuestionó el cambio de posición del Gobierno nacional y recordó que hace dos años la administración de Milei celebraba el acuerdo entre la entonces canciller Diana Mondino y el británico David Lammy. Señaló: “En ese momento se avanzaba en restablecer los vuelos que eran con Malvinas, avanzar en lo que es cooperación pesquera, algo completamente diferente a lo que está pasando hoy”.
El funcionario afirmó que Tierra del Fuego viene advirtiendo a la Cancillería argentina sobre la explotación de hidrocarburos en Malvinas y recordó que la provincia presentó una denuncia contra empresas petroleras por este tema. Dachary planteó dudas sobre el cambio de rumbo del Gobierno y consideró que pudo haber existido “un oportunismo político”. Sin embargo, dejó abierta otra posibilidad: “Si este cambio es un cambio honesto, bienvenido sea. Argentina tiene muchísimo terreno por recuperar”.