La titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°4 de Chaco, Vilma Almirón, explicó los alcances de la implementación de la Ley Nacional Penal Juvenil N°27.801 en la provincia y detalló el procedimiento para delitos cometidos por adolescentes de 14 y 15 años.
La jueza Vilma Almirón, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°4 de la provincia del Chaco, se refirió a la instrumentación de la Ley Nacional Penal Juvenil N°27.801, en vigencia desde el sábado pasado, y a su articulación con la ley procesal local N°2951-N.
En diálogo con CIUDAD TV, Almirón señaló que el Poder Judicial chaqueño se preparó para la implementación de la nueva norma desde inicios de año. «Desde el Centro de Estudios Judiciales organizamos una capacitación interna para toda la provincia, y también invitamos a los distintos Poderes Judiciales del país a través de JUFEJUS, la Junta Federal de Cortes», afirmó.
La magistrada explicó que la Ley 27.801 es de fondo y que la provincia cuenta con su propia ley de procedimiento. «Esta es una ley procedimental. Es decir, es una facultad delegada en las provincias y que nosotros tenemos la facultad de aplicarla sí o sí y que tiene que convivir con la Ley Nacional, la ley de fondo, la 27801», sostuvo.
Uno de los cambios centrales introducidos por la normativa nacional es la baja de la edad de imputabilidad. «Desde ahora ingresan al sistema, al fuero Penal Juvenil, causas con adolescentes de 14 y 15 años y todos los delitos. Porque antes también los delitos leves eran inimputables, por más que tuvieran 16 o 17 años, pero eran imputables en caso de lesiones leves, en caso de hurto», detalló.
Consultada sobre la posibilidad de detención de un adolescente de 14 años, Almirón indicó que «depende la gravedad del delito». Para delitos leves como hurto o amenazas, se aplican medidas de competencia penal previstas en la ley local, como orientación, protección o libertad vigilada. En tanto, para hechos graves como robo a mano armada, lesiones gravísimas u homicidio, corresponde la medida de alojamiento, que es la más gravosa.
La jueza mencionó que los 18 jueces penales juveniles de la provincia mantuvieron reuniones para unificar criterios. «Entendemos que los delitos más graves son los pasibles de ser aplicada esta medida, que es la más rigurosa, la privación de la libertad y el alojamiento en Aldea Tres Horquetas, porque ése es el dispositivo que contamos en la provincia para menores de edad», explicó.
En cuanto a las condiciones del lugar de alojamiento, Almirón aseguró que funciona plenamente desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.801. La dependencia está a cargo de la Subsecretaría de Niñez, a través de la Dirección de Protección de Derechos, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano del Ejecutivo provincial.
«Trabajan allí operadores convivenciales y existe un equipo técnico con psicóloga, psicopedagoga, con trabajadores sociales, mientras que el perímetro de la Aldea está a cargo del Servicio Penitenciario Provincial. Pero el contacto con los adolescentes lo tienen los operadores convivenciales y el equipo técnico. A su vez, en la misma está la educación en contexto de encierro», describió.
La magistrada señaló que la Aldea Tres Horquetas aloja actualmente a entre 10 y 11 adolescentes y tiene capacidad para hasta 25. «Si sucediera que se incremente este número de población de adolescentes privados de la libertad, serán los recursos materiales y humanos del Ejecutivo con los que tendremos que dialogar cómo hacemos para seguir trabajando y que un adolescente no esté privado de la libertad en una Comisaría», sostuvo.
Respecto a la posibilidad de detención en comisarías, Almirón fue categórica: «Absolutamente no puede suceder, nuestra ley local lo prohíbe. Podemos tener un adolescente en una Comisaría hasta 12 horas y sí o sí hay que resolver. Más de 12 horas es una privación ilegítima a la libertad», cerró.