Cuatro de los ocho uniformados acusados por el robo de cocaína durante una quema judicial en Colonia Benítez reconocieron su participación y resolvieron su situación mediante un juicio abreviado homologado por la Justicia Federal de Resistencia. Tres recibieron penas de prisión en suspenso y uno fue condenado a seis años y seis meses de prisión.
Cuatro policías del Chaco reconocieron su participación en la organización investigada por el robo de estupefacientes durante un procedimiento de incineración judicial realizado en Colonia Benítez en diciembre de 2025 y acordaron con la Fiscalía Federal de Resistencia resolver sus situaciones mediante un juicio abreviado.
El acuerdo fue homologado por la jueza Federal de Garantías N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, luego de las tratativas entre los abogados defensores y el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Patricio Sabadini.
Los cuatro policías alcanzados por el acuerdo son Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García. Las penas acordadas no fueron iguales para todos.
Urne Canteros fue condenado a seis años y seis meses de prisión y 45 unidades fijas de multa por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la cantidad de partícipes y por la calidad de funcionario público, en concurso material con el delito de peculado. Se estableció además la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
Acosta, Villalba y García recibieron una pena de tres años de prisión en suspenso cada uno. En estos tres casos, la calificación legal fue la de encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave, por ánimo de lucro y por el carácter de funcionario público del autor.
Villalba, García y Acosta ya recuperaron la libertad. Urne Canteros continuará detenido debido a la pena acordada y a su situación procesal.
Un cambio sustancial respecto de la acusación
Las penas acordadas representan una reducción respecto de las que la Fiscalía había solicitado en la acusación formal presentada el 1 de septiembre.
Para Urne Canteros, el Ministerio Público Fiscal había requerido inicialmente 11 años de prisión y 50 unidades fijas de multa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, en concurso material con peculado. Para Acosta había solicitado ocho años de prisión y la misma multa. Villalba y García también enfrentaban pedidos de ocho años de prisión cada uno, aunque en sus casos la acusación estaba vinculada a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
El acuerdo también modificó las imputaciones atribuidas a Acosta, Villalba y García: dejaron de responder por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y fueron condenados, mediante el procedimiento abreviado, por encubrimiento agravado.
Información sobre otros policías y posibles faltantes
Uno de los aspectos que podría tener impacto en la causa es la información que, según trascendió durante las negociaciones, estarían dispuestos a aportar los policías que aceptaron el juicio abreviado.
De acuerdo con el material, los imputados podrían brindar datos sobre otras personas que habrían participado del supuesto plan para sustraer droga durante el operativo de quema y que, pese a ello, no fueron formalmente acusadas. Algunas de esas personas integrarían actualmente la nómina de testigos ofrecidos por el propio Ministerio Público Fiscal para el juicio.
Si esos aportes fueran efectivamente realizados y posteriormente corroborados, podrían abrir un nuevo escenario para el debate oral, especialmente si involucran a personas que fueron propuestas como testigos por la acusación.
La información que podrían aportar no se limitaría a identificar a otros presuntos participantes. También podrían referirse a anteriores operativos en los que se habrían registrado faltantes de droga y a un eventual quiebre de la cadena de custodia durante el procedimiento de destrucción de estupefacientes realizado el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en Colonia Benítez.
El operativo que destapó la causa
La investigación se inició a partir del procedimiento de incineración de estupefacientes realizado el 18 de diciembre de 2025. Según la acusación fiscal, efectivos policiales que tenían a su cargo la custodia, traslado e incineración de la droga aprovecharon esas funciones para retirar de la esfera de custodia estatal 9,490 kilos de cocaína.
La maniobra fue detectada luego de una diferencia en el pesaje de una de las cajas. El primer control había registrado 8,700 kilos, mientras que una segunda medición arrojó 7,585 kilos. La posterior requisa de una camioneta policial permitió, según la Fiscalía, encontrar nueve paquetes de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo y en una mochila.
La acusación también señaló que en una mochila perteneciente a Urne Canteros se encontró un paquete que simulaba contener cocaína, pero cuyo contenido era yeso. Para la Fiscalía, se trataba de parte de una maniobra destinada a sustituir la droga sustraída y ocultar el faltante durante la quema.
El expediente incorporó además comunicaciones extraídas de los teléfonos celulares de los policías. Según la hipótesis fiscal, los mensajes, fotografías y audios permitieron reconstruir una planificación previa al procedimiento y determinar distintos roles dentro de la organización investigada.
La acusación había señalado al comisario César Alegre como presunto organizador de la maniobra, mientras que otros efectivos fueron vinculados directamente con la sustracción o con la posterior tenencia de la droga para su comercialización.
Una causa con ocho policías acusados
La acusación formal había sido presentada contra ocho integrantes de la Policía del Chaco: Gustavo Andrés Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, César Alegre, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García. La Fiscalía había solicitado la apertura del juicio oral y penas de entre ocho y quince años de prisión.
Con el acuerdo homologado, cuatro de ellos resolvieron su situación mediante un juicio abreviado. La causa mantiene como protagonistas a los restantes imputados y podría incorporar nuevos elementos si los policías que reconocieron su participación cumplen con el eventual aporte de información surgido de las negociaciones.
El contenido de esos aportes podría resultar relevante para determinar si la maniobra investigada se limitó al operativo de diciembre de 2025 o si existieron otros episodios vinculados con faltantes de estupefacientes y eventuales irregularidades en la cadena de custodia de droga secuestrada.