A cinco años de la sanción de la Ley 27.610, el sistema federal de compra y distribución de medicamentos dejó de funcionar de manera centralizada. Un informe de Proyecto Mirar registra 87.603 interrupciones en 20 provincias durante 2025, cifra similar a la del año anterior, en un contexto de creciente disparidad territorial.
La Ley 27.610, que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive y la interrupción legal (ILE) después de ese plazo en casos de violación o riesgo de vida o salud de la persona gestante, está vigente en Argentina desde 2021. En el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre, el debate se centra en las condiciones de acceso en todo el territorio.
El corrimiento del Estado nacional
Desde 2024, el Estado nacional dejó de comprar y distribuir de manera centralizada los medicamentos misoprostol y mifepristona, y trasladó a las provincias la responsabilidad de sostener esa prestación sin los recursos necesarios. Entre 2021 y 2023 se había consolidado un esquema federal de compra y distribución: en 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de misoprostol y mifepristona. Las muertes maternas por embarazo terminado en aborto pasaron de 23 en 2020 a 13 en 2021, una reducción del 43,5 por ciento, según datos oficiales.
Datos del informe Proyecto Mirar
El reporte anual de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health, releva la implementación de la política de aborto durante 2025 y parte de 2026. Según ese informe, en 20 provincias se realizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público durante 2025, cifra similar a la del año anterior. La tasa de abortos fue de 7,45 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, frente a 7,49 en 2023. Se registraron 1.846 efectores públicos que garantizan estas prácticas, una cifra similar a los 1.862 de 2023.
Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y el CONICET, integrante de Proyecto Mirar, declaró: “Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador”. Además, señaló que 13 provincias sostienen el acceso con presupuesto propio frente a la discontinuidad de la compra nacional.
Desabastecimiento y barreras
Un informe de Amnistía Internacional publicado en 2026 indica que durante 2025 más de la mitad de las provincias reportaron faltantes de misoprostol y casi todas informaron problemas de abastecimiento de mifepristona. La línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación registró 191 consultas vinculadas con falta de medicación; Salta concentró el 46,1 por ciento de esos casos. La organización registró 406 consultas y denuncias por obstáculos para acceder al aborto en 2025, frente a 102 en 2024, un aumento superior al 300 por ciento.
Las provincias ya financian más del 75 por ciento del gasto público en salud, según datos citados por Amnistía Internacional.
El caso de San Isidro
En el municipio bonaerense de San Isidro se implementó un protocolo que, según Amnistía Internacional y otras organizaciones, incorporaba requisitos no contemplados en la Ley 27.610, como consulta psicológica previa, instancias adicionales para ratificar la decisión, restricciones para el acceso por causal salud y circuitos que podían comprometer la confidencialidad. La prestación se concentraba en el Hospital Materno Infantil y excluía a los Centros de Atención Primaria de la Salud.
En agosto de 2026, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro, a cargo de la jueza María Paula Vénere, hizo lugar a una medida cautelar presentada por Amnistía Internacional y ordenó suspender el protocolo. El municipio deberá garantizar las prácticas dentro de los plazos legales y resguardar la intimidad de las solicitantes.
Proyectos legislativos y causas judiciales
El informe de Proyecto Mirar señala que entre agosto de 2025 y julio de 2026 se presentaron 75 proyectos vinculados con aborto y salud sexual y reproductiva. Algunos buscaron limitar la aplicación de la Ley 27.610 en Buenos Aires y Santa Fe, pero ninguno obtuvo dictamen ni llegó al recinto. Desde la sanción de la ley se iniciaron 38 causas judiciales en su contra: 35 fueron rechazadas y tres están en trámite ante la Corte Suprema.
Adhesión al Consenso de Ginebra
En agosto de 2026, Argentina adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra, documento que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo. La Cancillería argentina presentó la adhesión como parte de una agenda fundada en la “dignidad humana” y la soberanía de los Estados. La declaración no modifica la legislación argentina: la Ley 27.610 continúa vigente.
Otras políticas de salud sexual
El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) quedó prácticamente sin financiamiento: para 2026 se proyectó una inversión inferior al 3 por ciento de la realizada en 2023, según un análisis presupuestario de ACIJ y ELA.
Lucía De La Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS, declaró: “Si bien el Estado nacional ha desfinanciado por completo las políticas de salud sexual y reproductiva, corriéndose de su rol de rectoría sanitaria, son los equipos de salud quienes están garantizando el derecho al aborto en todo el país”. De La Vega, junto con el colectivo Abogadxs La CIEGA, impulsa una acción judicial contra el Estado nacional por la falta de mifepristona y misoprostol.
Para esta tarde está previsto un pañuelazo frente al Congreso a las 16 horas.