La diputada del Frente Renovador respaldó la aprobación del Régimen de Incentivo para Nuevas Inversiones, aunque pidió que los beneficios alcancen a pymes, industrias y comercios chaqueños.
La diputada del Frente Renovador Katia Blanc acompañó este lunes la sanción del Régimen de Incentivo para Nuevas Inversiones (RINI) y planteó una mirada crítica sobre el alcance de la iniciativa oficial. Blanc reclamó que la herramienta «se utilice para sostener a las pymes, las industrias, los comercios y el empleo chaqueño: no podemos dejar de acompañar a las familias que todos los días padecen las consecuencias de las crisis económica», afirmó.
En su intervención en el recinto, Blanc sostuvo que el sector empresarial e industrial le transmitió que el proyecto constituye «un salvavidas y un paragolpe» frente a la crisis económica que atraviesa la provincia. Sin embargo, advirtió que una exención tributaria por sí sola funciona apenas como «una curita» y reclamó «políticas complementarias para las empresas que ya están radicadas en Chaco».
Aportes del Frente Renovador
Blanc destacó especialmente las modificaciones que impulsó durante el tratamiento del proyecto en las comisiones. Uno de los principales objetivos fue incorporar mecanismos que permitan que los beneficios del régimen tengan impacto directo sobre la economía provincial.
En ese marco, reivindicó la incorporación de una prioridad para las empresas que tengan proveedores chaqueños, como una forma de promover el denominado «compre chaqueño» y evitar que el movimiento económico generado por las nuevas inversiones quede concentrado fuera de la provincia.
También destacó la incorporación de criterios destinados a proteger el empleo local. Blanc planteó durante el debate que las empresas que lleguen desde otras jurisdicciones deberían incorporar mayoritariamente mano de obra chaqueña. «No traer todo el personal de afuera», resumió, al defender la utilización del recurso humano disponible en la provincia.
La diputada remarcó además un tercer aporte: la simplificación de los trámites administrativos. Cuestionó que el sector privado deba atravesar procesos burocráticos extensos para acceder a los beneficios y explicó que su propuesta busca que quienes ya estén incorporados al régimen y realicen nuevas inversiones o ampliaciones no tengan que iniciar nuevamente todo el procedimiento.
La modificación contempla, según detalló, la posibilidad de acceder mediante una declaración jurada y documentación electrónica, siempre bajo fiscalización estatal.