Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix, dos de cada tres argentinos se quedan sin ingresos antes del día 20; el 72% son menores de 40 años y en la clase baja la proporción asciende al 83,3%.
Dos de cada tres argentinos se quedan sin ingresos a más tardar el día 20 de cada mes; el 72% son menores de 40 años, mientras que en la clase baja esa proporción se eleva al 83,3%. Los jóvenes, un grupo etario que fue central para el triunfo electoral que llevó a Milei a la Casa Rosada, son uno de los más afectados. La crisis también repercute en la clase alta, donde el 20 por ciento asegura que no llega a fin de mes.
Los datos se desprenden del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix, que en septiembre volvió a exponer un escenario de fuerte ahogo presupuestario en las familias.
“Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia y prefieren ser monotributistas y tener la libertad de trabajar por cuenta propia”, afirmó recientemente el secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante una exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. También sostuvo que los sueldos rondan los 1.500 dólares y que en esa moneda aumentaron 200% comparado con 2023.
Con un salario promedio en 2023 se podían comprar mensualmente entre 120 y 150 kilos de carne vacuna o cargar 33 tanques de nafta de 50 litros. En la actualidad, alcanza para entre 80 y 110 kilos de carne y entre 16 y 23 tanques.
El relevamiento de Zentrix indica que apenas el 34% de los encuestados afirma alcanzar el cierre del mes con liquidez, y un 9,8% declara tener capacidad de ahorro.
En este contexto, el crédito privado pasó a operar como un mecanismo de extensión del ingreso para financiar gastos cotidianos. Durante los últimos seis meses, el 56,2% de la población recurrió al financiamiento. El 55,1% de los endeudados utilizó el crédito para cubrir necesidades básicas, como la compra de alimentos y la atención de la salud. En segundo lugar, el 21,3% destinó esos recursos al pago de tarifas de servicios públicos. Solo el 11,8% se endeudó para la adquisición de bienes durables.
La apertura socioeconómica del MOP muestra dos comportamientos financieros contrapuestos según el estrato de ingresos. En la clase baja, el 59,6% de los encuestados agota sus recursos antes del día 15 del mes y el 83,3% no llega al día 20, con un ahorro prácticamente inexistente (0,9%). La toma de deuda alcanzó al 68,1% de los hogares, y el 65,5% de ellos aplicó el dinero a la cobertura de gastos esenciales.
En la clase alta, solo el 20% se queda sin fondos antes de finalizar el mes, mientras que el 61,9% reporta capacidad de ahorro. El endeudamiento afecta al 36,5% de este grupo y el 63,4% de esos créditos se orientó a la adquisición de bienes durables.
En la clase media, el 51,4% de las familias se queda sin ingresos antes del cierre mensual, el 47,1% debió endeudarse y un 45,6% lo hizo para afrontar gastos básicos. El 29% de los hogares de este sector destinó el crédito a la cancelación de tarifas y servicios públicos.
El informe de Zentrix resalta que el recurso recurrente al crédito genera un circuito de retroalimentación financiera. Desde marzo, la proporción de encuestados que sostiene que sus ingresos pierden frente a la inflación no bajó del 81%, alcanzando un máximo del 87,4% en julio.
El 39,3% de los participantes califica como mala o muy mala su situación personal, mientras que la evaluación negativa sobre la situación económica nacional asciende al 61,5%. Por clase social, la visión crítica alcanza al 42,9% en la clase alta, al 56,5% en la clase media y al 70,7% en la clase baja.
En el segmento de menores de 40 años, el 72% se queda sin liquidez antes del día 20, apenas un 3% logra ahorrar y el 60,9% debió contraer deudas en el semestre reciente. Este grupo registra la visión más crítica sobre el rumbo del país, con un 69,1% de evaluaciones negativas sobre la economía general.
El 67% de la población demanda algún tipo de regulación estatal sobre el mercado de crédito. Dentro de este grupo, el 36,1% sostiene que la mora es un problema social que requiere la intervención del Estado; el 30,9% considera que el Estado debe intervenir aun tratándose de contratos entre privados; y un 29,1% opina que la autoridad pública no debe participar. El 61,3% exige regular las condiciones de otorgamiento de los préstamos, la transparencia de las tasas y la adecuación de los plazos a los calendarios de cobro; el 23,6% se manifiesta a favor de esquemas de refinanciación a través del Banco Central; y únicamente el 7,5% apoya la condonación de deudas por vía legislativa.