El exdiputado José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de activos y pidió que la Justicia lo sobresea. También reclamó que se levanten el embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país, impuestos por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.
El exdiputado José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de activos y solicitó que la Justicia lo sobresea. En la misma presentación, reclamó que se levanten el embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país, dos medidas impuestas por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.
La causa se centra en una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 desde Estados Unidos. El dinero llegó a través de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado en ese país por lavado de activos.
Para justificar el ingreso, Espert presentó un contrato de consultoría por un millón de dólares con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A. Según la fiscalía, el servicio nunca se prestó y el acuerdo habría servido para dar apariencia legal a fondos cuyo origen está bajo investigación.
Argumentos de la defensa
La defensa de Espert cuestionó que el juez haya avanzado con el procesamiento sin contar con la respuesta al exhorto enviado a Estados Unidos para determinar la procedencia de los activos. Sostuvo que la resolución se basa en un delito precedente que, según el abogado del exdiputado, aún no fue probado.
El exdiputado también negó el ocultamiento: argumentó que el dinero ingresó en una cuenta a su nombre, que los vehículos adquiridos con esos fondos quedaron registrados y que no hubo movimientos para disimular la titularidad. Además, negó que Machado haya recibido una devolución del dinero.
Espert planteó que las “eventuales irregularidades fiscales” vinculadas con la transferencia deberían analizarse en el ámbito tributario y no como una maniobra de lavado. La Justicia mantiene bajo análisis el contrato, el recorrido del dinero y su utilización.
Vínculo con Machado
La relación entre Espert y Machado se remonta a la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario aportó recursos logísticos, entre ellos el uso de aeronaves. Ese vínculo quedó en el centro de la controversia judicial por los 200.000 dólares que el economista recibió meses después.
La investigación también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza S.A. La resolución de Mirabelli incluyó medidas patrimoniales contra los involucrados y restringió la salida del país de Espert.
Fuente: Página 12