La Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos reúne a la Ciudad de Buenos Aires y 15 provincias, entre ellas Chaco. El registro contabiliza más de 16.000 personas inscriptas por incumplimientos alimentarios.
La Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos amplió su alcance y ya integra a la Ciudad de Buenos Aires y otras 15 provincias, entre las que se encuentra Chaco. El registro contabiliza más de 16.000 personas inscriptas por incumplimientos alimentarios.
Las provincias incorporadas mediante convenios son Catamarca, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Córdoba, que se sumó recientemente.
La iniciativa tuvo un nuevo capítulo con el II Encuentro Anual de la Red Federal, organizado por el Ministerio de Justicia porteño en el Centro Cultural Recoleta. La jornada reunió a autoridades judiciales y políticas, especialistas en derecho de familia, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violencia económica.
Creada hace un año, la Red busca unificar criterios técnicos, facilitar el intercambio de información y promover políticas públicas para enfrentar la morosidad alimentaria en todo el país.
Controles en canchas, estadios y recitales
Desde marzo de 2025, los operativos de control en eventos masivos permitieron detectar a más de 320 deudores alimentarios, a quienes se les aplicaron restricciones de acceso. El programa se reforzó este año a partir de un convenio con Tribuna Segura, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, que permitió integrar bases de datos y agilizar los controles en los ingresos a los estadios deportivos.
Durante la apertura del encuentro, el secretario de Gobierno de la Ciudad, Francisco Quintana, destacó la articulación entre las autoridades porteñas y nacionales y puso el foco en los resultados obtenidos con los operativos conjuntos.
Por su parte, Franco Berlín, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, sostuvo que la integración de los registros permitió potenciar la identificación de quienes incumplen sus obligaciones alimentarias. “Este modelo de trabajo conjunto entre Nación y Ciudad es una prueba piloto de referencia para que el resto de las jurisdicciones provinciales repliquen la experiencia”, afirmó.
En la misma línea, Hernán Najenson, subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, presentó la segunda Guía de Buenas Prácticas del Registro y destacó el alcance de los controles implementados. Los procedimientos, explicó, “arrojaron restricciones de acceso para más de 320 deudores inscriptos”.
El desafío de unificar los registros
Otro de los temas abordados durante el encuentro fue la posibilidad de avanzar en mecanismos de homologación de los registros provinciales para facilitar la cooperación entre jurisdicciones y mejorar el alcance de las medidas. La articulación federal apunta a que la información sobre las personas inscriptas pueda utilizarse de manera más eficaz y que las herramientas de control no queden limitadas a las fronteras de cada distrito.
La jornada también incluyó los testimonios de dos mujeres que compartieron sus experiencias personales en el reclamo por el cumplimiento de las cuotas alimentarias.
Entre los participantes estuvieron la abogada especialista en derecho de familia Ana Rosenfeld; Agustín Ulanovsky, director de Asuntos Registrales de la Ciudad; Aldana Rohr, directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería; Carmen Polledo, presidenta de la Fundación Banco Ciudad; Jesús Acevedo, presidente de LOTBA, y Katherina Mazzuco, subsecretaria de Gobierno de Tucumán, además de representantes de distintos organismos públicos.
Con 16 jurisdicciones integradas y más de 16.000 personas registradas, la Red Federal busca consolidarse como una herramienta de cooperación para mejorar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. El objetivo es fortalecer los mecanismos de detección y control y contribuir a que el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos no dependa de las dificultades para hacer cumplir una cuota fijada judicialmente.