El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que intervenga en la causa por el caso $LIBRA, asuma la acción penal y apele el sobreseimiento dictado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La organización cuestionó la actuación del fiscal Eduardo Taiano y advirtió sobre el plazo de tres días para apelar.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que asuma la investigación del caso $LIBRA y apele el sobreseimiento dictado en la causa. Según indicó la organización, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal habilita la intervención directa de la PIA cuando el fiscal de la causa desiste de continuar la investigación, facultad reconocida por la Corte Suprema en los precedentes Guillermo Moreno y Skanska.
El CIPCE cuestionó la actuación del fiscal Eduardo Taiano y del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, al considerar que el cierre de la causa se basó en una valoración arbitraria de la evidencia reunida y se produjo sin avanzar en líneas de investigación determinantes para el esclarecimiento de los hechos. En este contexto, la organización sostuvo que la PIA debe ejercer las facultades que le otorga la legislación vigente para asumir directamente la acción penal, impugnar los sobreseimientos y garantizar la continuidad de la investigación.
La intervención de la PIA resulta fundamental, según el CIPCE, para evitar que el cierre prematuro de la causa derive en la impunidad de posibles hechos de corrupción de enorme trascendencia institucional, que comprometen intereses colectivos. La investigación provocó una fuerte conmoción pública debido a la presunta vinculación del presidente de la Nación y de su hermana, secretaria general de la Presidencia. En este contexto, el CIPCE advirtió que la falta de una investigación efectiva podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino por el incumplimiento de sus obligaciones de investigar y perseguir este tipo de delitos.
El CIPCE también señaló graves deficiencias en el desarrollo de la investigación, entre ellas, la falta de transparencia sobre las actuaciones, la desatención de pedidos para profundizar medidas probatorias y la ausencia de respuestas a las solicitudes de citación a indagatoria del Presidente.
Finalmente, subrayó la urgencia de que la PIA intervenga, dado que el plazo para apelar el sobreseimiento es de apenas tres días desde su notificación. Consideró que, frente a la gravedad de los hechos investigados y las irregularidades denunciadas, resulta indispensable garantizar la continuidad de la investigación y evitar que una decisión prematura impida el esclarecimiento de los hechos.