Marina Biscay, presidenta de la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, se refirió a los requisitos de certificación que la Unión Europea pretende aplicar a productos agropecuarios. Señaló que la medida afecta a carnes, miel, cuero, granos y madera, y que rige desde 2023 con prórrogas sucesivas.
Marina Biscay, presidenta de la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, se refirió en diálogo con Agroperfiles Radio a las exigencias que la Unión Europea pretende introducir para la compra de productos de países terceros, vinculadas con normas sobre el origen de los predios donde se realizan las explotaciones agropecuarias.
Biscay señaló que la medida no se limita a la carne, sino que también alcanza a la miel, el cuero, los granos y la madera. Indicó que el sector se encuentra en alerta por los requerimientos de certificación que exige la Unión Europea para el ingreso de productos, y que esta situación se arrastra desde hace varios años.
La dirigente ruralista consideró que la exigencia resulta injusta para las producciones del norte del país. «Todo el norte queda discriminado porque para nosotros es muy difícil entrar en esa certificación teniendo que producir en las condiciones en las que nosotros estamos, donde hay montes, donde hay leñosas, donde hay especies que son como invasoras que tenemos que vivir luchando contra eso para poder ser más productivos, tener un campo más productivo», expresó.
Además, explicó que las condiciones actuales de producción requieren un manejo más eficiente de los establecimientos. «Ya no era más como antes, que uno podía tener la hacienda en pasturas naturales. Ahora hay que hacer pasturas, hay que ser eficiente, los impuestos son altos, los costos son altos, entonces nosotros no podemos darnos el lujo de no producir con eficiencia. Entonces estamos en esa disyuntiva», concluyó.
Según indicó, el proceso comenzó en 2023 y desde entonces se vienen consiguiendo prórrogas, debido a la dificultad que representa cumplir con las exigencias europeas. «Los mercados a los cuales ellos les compran no están en condiciones de poder estar dentro de ese marco de requerimientos de la resolución 11/15», sostuvo.
Biscay recordó que hubo prórrogas en junio de 2023, diciembre de 2024 y diciembre de 2025, mientras que la actual vence en diciembre de 2026. En ese sentido, explicó que, si no se consigue una nueva extensión, a partir de enero las carnes argentinas que ingresen a la Unión Europea deberán contar con una certificación de libre deforestación.
Biscay advirtió que los requerimientos podrían afectar a toda la cadena productiva, incluso a aquellos productores que no exportan directamente su mercadería. Explicó que la exigencia de la Unión Europea, en caso de que no se consiga una nueva prórroga, apuntaría a certificar la trazabilidad completa del animal, desde su nacimiento hasta su llegada al frigorífico exportador.
«Lo que pediría la Unión Europea es que nosotros certifiquemos la trazabilidad, o sea, todo el circuito, todo el caminito que hace el animal desde que nace. El comprador se lo pide al frigorífico exportador, el exportador al recriador, al feedlotero y este al criador productor. Es una cadena que va hacia atrás», explicó.
En ese sentido, señaló que el objetivo es certificar que el animal, la madera, el carbón o la miel provengan de un establecimiento que no haya sido deforestado desde 2020 en adelante. Por eso, remarcó que la medida no afecta únicamente a quienes venden directamente al mercado europeo, sino que puede alcanzar a todos los eslabones de la producción.
«Uno puede decir: ‘Yo soy productor, no tengo nada que ver’. Pero pueden llegar a pedir para atrás», advirtió. Además, consideró que el requisito podría convertirse en una condición para comercializar la producción, con consecuencias sobre su valor y las posibilidades de venta.
«Es una medida para la cadena de Europa y para nosotros es una medida condicionante, porque te pueden decir: ‘Bueno, no tenés certificado’. Como en su momento fue la trazabilidad: si no tenés los terneros trazados, valen menos; los trazados valen más. Bueno, vos tenés certificado para vender a la Unión Europea, te pago esto, o solamente compro hacienda que tenga esta certificación en toda la cadena. Si no, no me interesa», planteó.
Por otra parte, Biscay aclaró que el VISEC es una de las certificadoras privadas disponibles y que su nombre tomó mayor relevancia por haber sido mencionado desde el IPCVA. Sin embargo, indicó que los productores pueden recurrir a otras entidades certificadoras y señaló que todavía existen interrogantes sobre los costos que implicaría el sistema.
«Queremos saber qué costo tiene, qué costo tendría en caso de que hubiese que pagar. Tenemos como un gran signo de pregunta respecto de eso. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tenemos que pagar por animal? ¿Cómo es?», expresó.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la información que se solicita para realizar la certificación. Según detalló, el sistema releva datos del establecimiento, la identidad de sus propietarios, los CUIT de las personas o razones sociales involucradas, la georreferenciación, la ubicación y el mapeo del predio. En ese marco, la dirigente ruralista puso el foco en el valor que tienen actualmente los datos personales y empresariales.
«Todos sabemos la importancia, el valor que tiene recabar datos hoy en día, lo que valen los datos de las personas, de las empresas. Entonces, por eso a veces uno dice: ‘Bueno, ¿hasta qué punto tengo que poner todos mis datos acá?’. No tengo por qué ocultar nada si estoy dentro de la legalidad, pero nos queda un gran signo de interrogación», concluyó.