El Gobierno busca la sanción del Presupuesto 2027 en Diputados para el 25 de noviembre. Legisladores de aliados y gobernadores solicitan modificaciones en partidas para discapacidad, subsidios al transporte, universidades y obras públicas. Desde el oficialismo indican que las planillas de anexos fueron cerradas en junio.
El proyecto de Presupuesto 2027 entra en etapa de definición en la Cámara de Diputados. El Gobierno se propuso lograr la sanción para el 25 de noviembre, tres semanas después de la primera fecha que había fijado como objetivo. Para conseguirlo, deben fijarse fondos para discapacidad, subsidios y cajas previsionales, además de acordar partidas individuales por obras públicas.
Legisladores de bloques aliados consultados describieron la postura del oficialismo como intransigente. Un diputado que suele acompañar los proyectos de La Libertad Avanza ilustró: “El ala política que tienen en el Congreso está más dispuesta a hablar, pero cuando pedís que fijen financiamiento la respuesta que dan es que ya es tarde para hacer modificaciones porque la planilla de anexos la cerraron en junio, imaginate”. La demora en la definición se vincula con los pedidos que el PRO y los aliados provinciales realizaron al oficialismo en reuniones de negociación con referentes de bloques.
Gobernadores de distintos distritos encabezan reclamos por situaciones concretas: obras públicas; el pago de la deuda por fondos previsionales, que alcanza los u$s2.899.574.222 a distribuirse entre 13 provincias; universidades, que solicitan $11 billones para cumplir la ley de Financiamiento Universitario, contra los $7,5 billones ofrecidos; y discapacidad. Para este último caso resta una aprobación en el Senado que se proyecta holgada porque depende de una promesa aún no ratificada desde el Palacio de Hacienda: la derogación de los artículos 36° al 41° del Presupuesto 2027.
Los reclamos por esas partidas fueron reiterados esta semana por los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Martín Llaryora (Córdoba), a los que se sumó Gustavo Sáenz (Salta) con un pedido de distribución equitativa de los subsidios para el transporte público. Esa demanda fue compartida por intendentes de todo el país: unos 80 asistieron el miércoles a la reunión de la comisión de Asuntos Municipales de Diputados, donde se expresó el rechazo a la reducción de los beneficios del Programa Remediar (de 126 medicamentos a 6) y se solicitó un reparto eficiente de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Estos encuentros se repiten desde 2024 con un número creciente de participantes.
El PRO también planteó el pedido por el ICL y sugirió que se reduzca. Además, presentó una lista de propuestas: reducir el IVA de los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%; extender los regímenes de promoción automotriz y autopartista que vencen el 31 de diciembre de 2027; e incorporar un régimen antievasión que implique un intercambio de información sobre billeteras virtuales. Asimismo, busca añadir financiamiento para la ciudad de Buenos Aires mediante la solicitud de autorización de operaciones de financiamiento para las líneas F y Belgrano Sur, además de regularizar las transferencias de coparticipación. Una postura similar sostuvo el bonaerense Eduardo Falcone (MID), quien reclamó que se destraben los fondos dispuestos por la CAF para terminar de duplicar la calzada en la Ruta Nacional 5, en el tramo que une Suipacha con Mercedes.
El diputado Sebastián Nóblega (Catamarca) detalló a Ámbito que algunas provincias pudieron volcar intereses a la redacción, aunque las concesiones son exiguas: “Se acordó que la provincia asuma la reparación de la Ruta Nacional 38 en la Cuesta del Totoral, aunque persiste la preocupación por otras vías provinciales, como las Rutas Nacionales 157 y 60”. Añadió la necesidad de “blindar las partidas destinadas al INTA” y aumentar el bono para jubilados cuya suma fija es de $70.000 desde 2023. “Es fundamental escuchar las demandas sociales, el empleo, el comercio, la industria, pero, sobre todo, que el presupuesto refleje beneficios reales para la gente”, agregó.
El reclamo por fondos para el INTA se replicó en la Comisión de Desarrollo Regional, presidida por el formoseño Luis Basterra. La convocatoria a especialistas en el ámbito de comisiones fue la estrategia de Unión por la Patria para plantear postura. Así lo hizo en Familias y Niñez, presidida por el tucumano Pablo Yedlin, donde se pidió eliminar el artículo 17 del Presupuesto 2027 que deroga la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, pedido también elevado por el bloque de la UCR. En la comisión de Mujeres, presidida por la cordobesa Gabriela Estévez, se detalló que se quitaron partidas específicas para la Línea 144 —que prevé alcanzar a 70.000 personas, un cuarto del 2023— y se congeló el monto de 2026 destinado a la Educación Sexual Integral, equivalente a $4 por adolescente.
“Nosotros estamos pidiendo que vengan los ministros, porque es un presupuesto de ajuste en todas las áreas y es importante que pongan la cara”, dijo el bonaerense Carlos Castagneto, quien señaló que “vamos a proponer un presupuesto donde se reestablezcan las leyes que no está cumpliendo el Gobierno y los fondos los vamos a sacar de las partidas sin afectación específica, que están en la Jurisdicción 91”. El diputado se refiere a la categoría Obligaciones a Cargo del Tesoro, a la que se destinarían $14,9 billones, la tercera erogación más onerosa de la ley a pesar de no tener personal ni edificio. Esa partida está a cargo de Carlos Guberman, quien ejecutará lo que le encomienden desde Casa Rosada, según consignó Ámbito.